Así se desprende del contraste entre las cifras recogidas en el Tercer Plan General de Residuos Radiactivos, que fija en 1,137 billones de pesetas el coste de la gestión de desechos nucleares hasta el año 2055, y los recursos disponibles de Enresa, empresa pública encargada de cumplir ese cometido.

Enresa dispone ya de un fondo de 116.235 millones de pesetas, aortados por los consumidores españoles de energía a través de la tarifa eléctrica, y está previsto que empiece a gastar en el almacenamiento de residuos el dinero que ahora recauda hacia el año 2020.

El actual marco estable del sector eléctrico fija una serie de compensaciones económicas para Enresa y las empresas que operan en el sector, que repercuten en el precio final de la luz.

En el caso de Enresa, el recargo que sufre la tarifa para la gestión de residuos nucleares es del 1,2 por cien de ls ventas totales de electricidad, tanto en el año 1991 como en 1992.

Otro ejemplo parecido a los desechos radiactivos es el de las firmas propietarias de centrales que reciben un 4,2 por cien de la tarifa para conmpensar las inversiones improductivas que realizaron en centrales nucleares sujetas desde 1983 a la moratoria de explotación ordenada por el Gobierno socialista.

No obstante, la aportación de recursos a la gestión de residuos por parte de los consumidores no tendrá que ser tan alta si la inversiones financieras de Enresa alcanzan una rentabilidad alta que permita cubrir los recursos necesarios por vías paralelas a la facturación de energía.

La recaudación obtenida por Enresa en 1991 a través de la tarifa fue de 20.585 millones de pesetas, un 14,5 por cien más que los 17.968 millones obtenidos por la empresa en el ejercicio anterior.

La gestión financiera de los recursos totales ingresados por Enresa desde que inició su actividad ha supuesto para la compañía unos beneficios atípios de 13,321 millones de pesetas.