Las conclusiones del Grupo Socialista, recogidas en un voto particular por no coincidir con el dictamen de la comisión, fueron presentadas en rueda de prensa por el portavoz, Jesús Caldera, que estuvo acompañado por los cuatro representantes en la coisión de investigación.

A lo largo de noventa páginas, los socialistas exponen sus conclusiones de lo sucedido con Gescartera, haciendo especial hincapié en la distinción entre las responsabilidades penales y las políticas, que deben ser asumidas por quien ha visto rota su confianza en quien nombró para ocupar un puesto de responsabilidad en un organismo.

Caldera recordó que políticamente no es válido el argumento del PP sobre la inexistencia de implicación directa del Gobierno en el caso, puestoque, de haberla, su responsabilidad no sería sólo política, sino penal.

Se trata, dijo, de que el Gobierno asuma que ciertas personas a las que nombró han cometido graves errores, de los que debe responder su superior, no jurídicamente sino políticamente, algo que juzgó imprescindible en democracia.

Tanto si conocían lo que sucedía con Gescartera como si lo ignoraban, Caldera concluyó que Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro son responsables por haber nombrado a altos cargos que fueron "mucho más quenegligentes" en el ejercicio de sus funciones.

OBSTRUCCIONISMO DEL PP

Teniendo en cuenta estos principios y la doctrina defendida por el PP en su etapa de oposición, los socialistas exigen al presidente que cese a ambos ministros.

El PSOE cree necesario también depurar responsabilidades en el Banco de España, cuyo comportamiento fue cuando menos negligente al no aplicar el ordenamiento jurídico para asegurar el correcto funcionamiento de las entidades de crédito. Puesto que el gobernador, JaimeCaruana, no puede ser cesado por el Gobierno, los socialistas piden su dimisión.

En sus conclusiones, los socialistas denuncian "el obstruccionismo" del PP al trabajo de la comisión que investigaba "una estafa que no hubiera sido posible sin la directa cooperación de importantes altos cargos de instituciones nombrados por el PP" y que supone, por ello, "un caso de corrupción política".

Además de exigir responsabilidades políticas, los socialistas reclaman diversas modificaciones legislativas paramejorar los mecanismos de vigilancia y control de los organismos financieros y reforzar las competencias del Parlamento en el nombramiento de sus responsables.

Conscientes de que este voto particular será rechazado por el pleno del Congreso, los socialistas anunciaron su intención de remitir al fiscal todos los testimonios de los comparecientes ante la comisión, convencidos de que muchos de ellos han sido falsos.