Así consta en un auto hecho público hoy, en el que los magistrados argumentan que el mantenimiento en prisión de Pilar Giménez Reyna evita que se entrometa en la investigación, lo que dificultaría e desarrollo de la misma.

De este modo, los magistrados dan la razón al fiscal Anticorrupción encargado del caso, Luis López Sanz, para quien los indicios contra la ex presidenta de Gescartera son mayores que cuando ingresó en prisión preventiva, el pasado 19 de septiembre.

Así, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirman el auto por el que la juez instructora del "caso Gescartera", Teresa Palacios, decretó la prisión provisional de Pilar Giménez-Reyna, a quien impua presuntos delitos de apropiación indebida y estafa.

Según consta en el auto hecho público hoy, y como argumentó en su momento Teresa Palacios, la presidenta de Gescartera mantuvo una actitud al frente de la agencia de valores que "contribuyó de forma eficaz a que otros se apropiaran y distrajeran lo ajeno en beneficio propio o de terceros".

En su resolución, los magistrados hacen referencia a la situación de Julio Rodríguez Gil, asesor fiscal del principal encausado, Antonio Camacho, y actualmete en prisión eludible bajo fianza de 100 millones de pesetas por su relación con el "caso Gescartera".

Señalan los jueces que la situación de Pilar Giménez-Reyna y de Julio Rodríguez Gil son distintas, dado que a éste, indiciariamente, no se le atribuye una intervención "tan global y continuada en los hechos" como la que aparentemente tuvo la presidenta de Gescartera.

Precisamente hoy, fuentes jurídicas informaron que Julio Rodríguez Gil, en prisión desde el pasado 30 de noviembre, ha presentadoun aval hipotecario de 200 millones de pesetas para hacer frente a la fianza de 100 millones de pesetas que necesita para salir de prisión.

Por ley, cuando los imputados no pueden hacer efectiva la fianza ni presentar un aval bancario, deben aportar una garantía hipotecaria por el doble de la cantidad impuesta por el juez.

Según las mismas fuentes jurídicas, los peritos aseguran que el aval hipotecario presentado por Julio Rodríguez Gil no supera los 135 millones de pesetas y algunos de los préstmos bancarios han sido presentados ante notario, pero no ante el Registro de la Propiedad.

LAS CUENTAS DE LA IGLESIAS

Por otra parte, el fiscal Anticorrupción encargado del "caso Gecartera", Luis López Sanz, ha solicitado a la juez Palacios que vuelva a pedir al ecónomo de Valladolid, Enrique Peralta, las cuentas del Arzobispado al que pertenece.

Entre la contabilidad del Arzobispado de Valladolid y el manuscrito que el propio Peralta presentó ante la magistrada el día que compareció como testio existe una diferencia de unos 80 millones de pesetas. Según las mismas fuentes, el fiscal quiere esclarecer esta diferencia.

Al parecer, en el manuscrito no aparecen los alrededor de 80 millones de pesetas que el Arzobispado de Valladolid invirtió en Gescartera y que sí están registrados en las cuentas de la Iglesia.

En este caso, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, trata de esclarecer la desaparición de 108 millones de euros (18.000millones de pesetas) de la mencionada agencia de valores Gescarrtera.