Entre sus propuestas, destaca la necesidad de que se establezca un formato definitivo para las comparecencias ante las comisiones de investigación. Así se impediría que se dé un trato distinto a los comparecientes en función de que sean altos cargos de la Administración o no, como sucedió en la de Gescartera con Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro, Jaime Caruana y José Folgado.

Encuanto a los plazos, Mardones exige uno "no superior a 7 días" para que cualquier institución o entidad pública y privada remita la documentación solicitada por la comisión .

Para las citaciones de los comparecientes, "el plazo de 15 días resulta demasiado extenso", considera el diputado, "por lo que se utiliza el plazo mínimo de tres días, de carácter excepcional, con carácter general, y por ello sería conveniente establecer un plazo más adecuado".

SESIONES PUBLICAS

En cuanto a la publicidad d las sesiones, la ley actual indica que las comparecencias pueden tener carácter público, pero que las reuniones preparativas o de deliberación interna no serán públicas, por lo que Mardones pide que se estudie la posibilidad de ampliar la regla de la publicidad a estas sesiones deliberativas cuando así lo acuerde, por mayoría, la propia comisión de investigación.

El diputado nacionalista canario recuerda que tampoco está regulado el tiempo de cada intervención en las comparecencias, la manera de procder en el caso de que un compareciente que no quiera responder a las preguntas de los diputados sin acogerse a justificación legal alguna, la posibilidad de que un compareciente declare con asistencia letrada o que presente o solicite pruebas o pida la comparecencia de testigos.

Además de proponer un plazo no superior a 7 días para que se remita la documentación solicitada por la comisión, el texto de Mardones también destaca la necesidad de contemplar si las comparecencias deben vincularse o no a la ecepción previa, con un plazo mínimo para su análisis, de dicha documentación, y que las comisiones tengan un "poder amplio para solicitar documentación", así como la necesidad de reforzar las garantías para aquella que tenga carácter secreto o reservado.

En este sentido, Mardones cree que habrá que reformar algunas leyes para evitar "el caso de una empresa privada, de artículos de lujo (Loewe), a la que se solicitó la relación de regalos allí comprados por Antonio Camacho (Gescartera) y que, en un prmer momento, se negó a remitir dicha información, amparándose en la confidencialidad con sus clientes y en la ausencia de norma que les obligara a remitir dicha documentación" o el de una sociedad auditora que se amparó para no mandar la información en que las comisiones de investigación no se encuentran entre los sujetos contemplados en la Ley de Auditoría de Cuentas.

Por último, también ve necesario regular la posibilidad de solicitar documentación a los órganos jurisdiccionales, el acceso al Registo de Bienes y Derechos de los altos cargos y al Registro de Intereses del Congreso, todo ello para evitar "diversos, enojosos y polémicos problemas acerca de su finalidad y la posibilidad de su consulta", algo que "colocaba al presidente en una situación harto incómoda, más allá de su estricta responsabilidad".