La declaración de Moreno tendrá lugar exactamente una semana después de la comparecencia como imputados del ex director y el ex subdirector de la sucursal de "la Caixa" en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y José Alfonso Castro, respectivamente.

Ambos, imputados por un presunto delito de blanqueo de capitales, utilizado para cometer una estafa o una apropiación indebida, declararon hoy en torno a uno de los certificados que el dueño de Gscartera, Antonio Camacho, utilizó para despistar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la verdadera situación de Gescartera Dinero, según fuentes jurídicas.

Dicho certificado fue firmado por Prats en 1999 y afirmaba que la sociedad estaba pendiente de cobrar tres talones por importe de 27,73 millones de euros (3.949 millones de pesetas).

Tanto Prats como Castro aseguraron que nunca emitieron un extracto sobre el saldo de la cuenta de Gescartera por tal importe, puesto que ess talones nunca se llegaron a cobrar y estuveron en depósito desde 1999 hasta el año 2001, cuando saltó el escándalo financiero.

La Fiscalía Anticorrupción, encargada de este caso, como varias de las acusaciones sospechan que Antonio Camacho, principal imputado en esta causa, tenía en esta sucursal de "la Caixa" una cuenta paralela, dado que, al parecer, en la de Gescartera sólo se hicieron ingresos mediante talones y nunca de dinero en metálico.

Según las mismas fuentes, ni Prats ni Castro fuero interrogados sobre el segundo certificado, relativo a la relación de clientes que Gescartera le había presentado.

En relación a este caso, la juez Palacios tiene previsto tomar declaración como testigos a cuatro personas más, quienes deberán comparecer ante su juzgado el próximo 18 de junio. Se trata de José Folgado, secretario de Estado de Energía; Roberto Santos, socio de Asesores 2000; el financiero iraní Massoud Zandi y Peter Atkins, directivo del HSBC.

Este caso saltó a la luz en junio de 201, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comprobó que los libros contables presentados por Gescartera no eran transparentes e impedían conocer la verdadera situación de la compañía, por lo que acordó su intervención.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, es la encargada de investigar este caso, en el que se trata de esclarecer la desaparición de unos 93,5 millones de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia de valres Gescartera.