Ibarra, que cmpareció hoy ante la comisión de investigación sobre Gescartera, ocupó su cargo en la CNMV entre 1989 y abril de 1999, por lo que su actuación en el expediente abierto a la sociedad de valores concluyó un poco antes de la polémica reunión del Consejo de la CNMV del 16 de abril de 1999, en la que se decidió no intervenir Gescartera.

Donde sí participó fue en un Consejo anterior, el 6 de abril de ese mismo año, en el que Ibarra solicitó una "sanción muy grave" para Gescartera por obstruir la actuación d la CNMV, al no facilitarle la información que le requerían, especialmente la referente a un cliente, el Arzobispado de Valladolid.

Ibarra, que ya participó en los expedientes y sanciones impuestas a Bolsa Consulting y Gescartera en 1992 y 1995, respectivamente, recordó que entró en la inspección a la sociedad en 1999 como apoyo a las actuaciones efectuadas hasta entonces por el departamento de Supervisión, dirigido por David Vives, y que habían detectado un descuadre de alrededor de 4.000 millones enGescartera.

ARZOBISPADO DE VALLADOLID

Su labor se centró en tratar de averiguar dónde estaba el dinero del Arzobispado de Valladolid y por eso se reunió cuatro veces con Antonio Camacho, propietario de Gescartera, y en todas esas ocasiones no obtuvo respuesta a los requerimientos.

A una de estas reuniones, celebrada en la sede de la CNMV, acudió el ecónomo del Arzobispado, Enrique Peralta, quien, según Ibarra, dio unas explicaciones "insólitas" sobre la cantidad de dinero que tenían invertido e Gescartera.

"El ecónomo llegó a decir allí que no recordaba si había invertido 1.000 millones ó 30 millones, y que, en todo caso, sería lo que dijera el señor Camacho, porque tenía mucha confianza en él", relató Ibarra, quien se confesó incapaz de redactar unas diligencias sobre esa reunión, dadas estas declaraciones tan "sorprendentes".

Tras esos cuatro encuentros, Camacho no llegó a entregar la información solicitada, por lo que el director de Inspección decidió solicitar al Consejo la sanciónmuy grave a Gescartera por obstrucción.

REBAJA DE LA SANCION

Para Ibarra, "lo más lógico" es que ese expediente por obstrucción se hubiera convertido en medidas tales como la "revocación de la autorización", algo más grave que la intervención, según dijo, la remisión de los hechos al fiscal o hasta decretar la suspensión de pagos o quiebra de la entidad.

Esas medidas eran contempladas habitualmente, según Ibarra, en las reuniones que mantenían el entonces presidente de la CNMV, Juan Fernández Amesto; el consejero responsable del área, José Manuel Barberán, el directivo David Vives y el propio Ibarra.

Sin embargo, al final no se tomaron ninguna de estas medidas y la falta propuesta como muy grave fue rebajada a la calificación de grave, algo que, según Ibarra, "no era normal, aunque sucedía en algunas ocasiones".

En cuanto a su interpretación de lo que pudo ocurrir en el consejo de la CNMV del 16 de abril de 1999, Ibarra consideró que, por su experiencia, es "muy difícil que el presidene, si estaba convencido de una cosa, sea batido por otros miembros del Consejo", que además no tenían las competencias en materia de supervisión.

En este sentido, el diputado de CiU Jordi Jané interpretó que la responsabilidad de no haber aplicado las recomendaciones de los instructores del caso y de que, por tanto, el "caso Gescartera" haya seguido creciendo es de Fernández Armesto y Barberán, además de los directivos David Vives y Antonio Botella, que eran quienes tenían las competencias de Supervisón en la CNMV.