Ambos se encuentran imputados desde el 28 de febrero de 2002 por un presunto delito de blanqueo de capitales utilizado para cometer una estafa o una apropiación indebida.

anto la Fiscalía Anticorrupción, encargada de este caso, como varias de las acusaciones sospechan que Antonio Camacho, principal imputado en esta causa, tiene en esta sucursal de La Caixa una cuenta paralela, dado que, al parecer, en la de Gescartera sólo se hicieron ingresos mediante talones y nunca de dinero en metálico.

Miguel Prats firmó en 1999 dos certificados que Camacho utilizó para despistar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la verdadera situación de Gescartera Dinero Uno de ellos afirmaba que la sociedad estaba pendiente de cobrar tres talones por importe de 27,73 millones de euros (3.949 millones de pesetas).

En cuanto al segundo documento, Prats certificó la relación de clientes que Gescartera le había presentado. Aquí, no se especificó saldo alguno por parte de la citada caja de ahorros.

Sobre este asunto, La Caixa aseguró en su día que "Gescartera tuvo que falsificar dos documentos más, un certificado de saldo y un extracto de movimientos, para conseguirque la CNMV aceptara el conjunto de los tres como válidos".

Además, La Caixa negó que se hubieran cometido acciones de blanqueo de dinero en su oficina de Majadahonda, ya que todos las operaciones realizadas por Gescartera en la citada sucursal "fueron ordenadas expresamente por apoderados de la compañía, tanto en los abonos como en los reingresos" y procedían de una sociedad "regulada y controlada por una institución oficial (CNMV)".

TALONES

En la declaración prestada ante la juez, Prats afirm, entre otras cosas, que entre mayo de 1999 y el mismo mes del 2000, pagaron al chófer de Antonio Camacho y otros empleados de Gescartera talones por importe de más de 12,02 millones de euros (más 2.000 millones de pesetas).

Asimismo, este ex directivo de La Caixa dijo haber ingresado grandes cantidades en metálico traídas por el chófer del dueño de Gescartera sin preocuparse de su procedencia.

Este caso saltó a la luz en junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) coprobó que los libros contables presentados por Gescartera no eran transparentes e impedían conocer la verdadera situación de la compañía, por lo que acordó su intervención.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, es la encargada de investigar este caso, en el que trata de esclarecer la desaparición de unos 93,5 millones de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia de valores Gescartera.