Esta asociación presentó un millar de denuncias ante el Defensor del Pueblo denunciando la "absoluta indefensión e incertidumbre" de la que están siendo víctimas por la forma de actuar del FGI.

Una vez estudiada la queja, según informa Adicae en un comunicado, el Defensor del Pueblo ha procedido a solicitar un informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Subsecretaría del Ministerio de Economía para que emitan un estudio sobre las numeross quejas recibidas por la actuación "dilatoria y evasiva" de la Gestora del Fondo de Garantía de Inversiones.

La mayoría de las quejas se refieren a la solicitud de documentación por parte del Fondo de Garantía de Inversiones, que ha pedido hasta cuatro veces los mismos documentos a los afectados, tales como el DNI, contratos con Gescartera, extractos de las cuentas o el certificado original que acredite la cuenta corriente donde se va a realizar el abono de la indemnización.

Por último, según Adcae, a pesar de que el Fondo debería haber pagado las indemnizaciones antes de junio de 2002, "poco más de un centenar de afectados" ha recibido su dinero, de entre los 1.200 inversores perjudicados por Gescartera.