José Manuel Suárez hizo estas manifestaciones tras conocer que el Arzobispado de Valladolid se ha negado a entregar a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", la contabilidad de los años 2000 y 2001, amparándose en el Concordato de 1979.

Suárez, quien recalcó que tal Concordato tiene carácter de acuerdo internacional, explicó que la iniolabilidad de un documento significa que no es posible su extracción, en este caso, de cualquier dominio eclesiástico.

"Esa inviolabilidad, en principio, es absoluta. Tendría que haber una renuncia por parte del beneficiado", dijo. "Es lo mismo que cuando hay un crimen cometido por un diplomático, si éste no renuncia a la inmunidad diplomática, no puede ser juzgado en el lugar donde cometió el crimen".

El portavoz de la APM matizó que la Iglesia es impune a la actuación judicial cuando el asuntoque se investiga afecta a sus archivos. "Por lo demás, no hay impunidad, porque todos los sacerdotes y religiosas, si cometen un delito, pueden ser detenidos sin ningún problema por un juez civil", indicó.

El Arzobispado de Valladolid se encuentra personado como perjudicado en el "caso Gescartera", puesto que, aunque recuperó 1.100 millones de pesetas que había despositado en la mencionada agencia de valores, otros 30 millones de pesetas que ingresó en la misma se encuentran en paradero desconocido. En este caso, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, trata de esclarecer la desaparición de 18.000 millones de pesetas de la agencia de valores Gescartera.