En un comunicado hecho público hoy, Adicae explica que ha tomado esta decisión después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, instructora del "caso Gescartera", imputase al director y al subdirector de la sucurcal de La Caixa en Majadahonda (Madrid), Miguel Prats y Alfonso Castro, respectivamente.

La magistrada les imputa un presunto delito de blanqueo de capitles y otro de cooperación necesaria para la estafa o bien para la apropiación indebida.

La juez les imputó a petición del fiscal Anticorrupción encargado del caso, Luis López Sanz, después de que Prats reconociese, entre otras cosas, que se habían pagado talones al portador sin comprobar que la firma que refrendaba el cheque correspondía a la persona que recogía el dinero. Asimismo, confesó que ingresó grandes cantidades en metálico traídas por el chófer del dueño de Gescartera sin preocuparse de su pocedencia.

Para Adicae, si se declara la responsabilidad civil de la Caixa, "la justicia podría determinar al final del proceso el pago de una elevada cantidad" por parte de la mencionada entidad bancaria.

"Además, el equipo jurídico de la Adicae está estudiando las posibles responsabilidades en que hubieran podido incurrir otras entidades financieras que trabajaron con Gescartera", continua el comunicado.

FONDO DE GARANTIA

En su comuniado, Adicae denuncia la "inadecuada operativa establecda para realizar las reclamaciones al Fondo de Garantía" y que permitiría a los inversores afectados por el "caso Gescartera" recuperar una parte de sus ahorros.

"Inadecuada y hasta chapucera, dado que la Sociedad Gestora del Fondo ni tan siquiera se ha molestado en determinar una dirección física a la que dirigirse y ante la que presentar las reclamaciones, de manera que pudiera quedar un registro acreditativo de la presentación de la reclamación en cuestión", sostienen los responsables de Adicae. . Esta asociación asegura que lo único que se ha puesto a disposición de los afectados es un apartado de correos al que dirigir cualquier escrito, sin que nadie les entregue un documento acreditativo de su reclamación.

"Esta actitud, de claro desprecio hacia la situación de cientos de familias, parece contar con el beneplácito del Gobierno, salvo que este último ni tan siquiera estuviera al tanto de la misma, lo que sería más grave aún", dice Adicae. "Parecen hacerse reales dichos del tipo 'a perro iejo todo son pulgas' o 'las desgracias nunca vienen solas'".

En opinión de Adicae, esta "dejadez" hace pensar que la aprobación de este Fondo obedeció "exclusivamente" a cuestiones políticas, concretamente, para "enterrar" los dos escándalos financieros más importantes vividos en España, los casos AVA y Gescartera.

El "caso AVA" llegó a la Audiencia Nacional en 1998 y su investigación concluyó en marzo del año pasado. Durante este periodo se ha investigado la supuesta apropiación de 16.638 milloes de pesetas de inversores que confiaron su dinero a AVA, a través de operaciones en las que están implicados el banco Socimer y la sociedad Transáfrica, entre otras.

Según la investigación llevada a cabo por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, AVA confió el dinero de los inversores al banco Socimer, propiedad de Transáfrica, que lo utilizó para comprar el banco argentino Medefín -en quiebra técnica-, con el conocimiento de Andre & Cie.