Así consta en un comunicado difundido hoy por Adicae, en el que se recuerda que la puesta en libertad de estas dos personasha sido solicitada por el fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, por considerar que, debido a lo avanzado de la instrucción, se ha reducido el riesgo de fuga y ya no hay posibilidades de destruir pruebas al haberse cerrado el peritaje encargado a expertos del Banco de España.

Sin embargo, Adicae, que ejerce la acusación particular, sostiene que la instrucción no está tan avanzada como dice el fiscal, dado que "la investigación realizada no ha conseguido aclarar el destino del dinero" y que altan importantes declaraciones que realizar.

En este sentido, recuerdan que la instructora del caso, la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, aún no ha tomado declaración a la auditora Deloitte & Touche, ni a los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores supuestamente implicados en este caso, como Pilar Valiente o Luis Ramallo, ni a entidades bancarias como Cajamadrid, La Caixa o Bankinter.

Para Adicae, la puesta en libertad de Camacho y de Sardón, cuya sociedad captó nos 3.000 millones de pesetas para la agencia de valores Gescartera, sería un "gravísimo escándalo social y político".

Asimismo, sostiene que "la elevada cantidad de dinero defraudada, así como las más de 1.300 personas afectadas y el sistema por el que se realizó la estafa, hacen que el depósito de la fianza solicitada sea relativamente sencillo" para Camacho y Sardón.

El magistrado Juan del Olmo, en sustitución de Teresa Palacios, dió traslado de la petición del fiscal a las partes del caso y ls impuso un plazo de 24 horas para que le dijeran qué les parecía lo que había solicitado el Ministerio Público.

Aníbal Sardón se encuentra en prisión desde el 11 de noviembre de 2002, mientras que Antonio Camacho ingresó en la cárcel el 16 de julio de 2001, como principal imputado en esta causa.

Este caso saltó a la luz en junio de 2001, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comprobó que los libros contables presentados por Gescartera no eran transparentes e impedían conocer a verdadera situación de la compañía, por lo que acordó su intervención.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, es la encargada de investigar este caso, en el que trata de esclarecer la desaparición de unos 93,5 millones de euros (15.578 millones de pesetas) de la agencia de valores Gescartera.