Así lo revela un documento titulado ‘Manual sobre el estado de la cuestión en perspectiva de género y adicciones 2010-2022’, elaborado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD) con el fin de “evidenciar” cómo el género afecta en la forma en que las personas “experimentan y se relacionan con las drogas”, para lo cual analizó el trabajo realizado en materia de género y adicciones durante los últimos 10 años “desde una perspectiva feminista crítica”, según explicó la red en un comunicado.

Una de las principales conclusiones que se destacan en la investigación, financiada a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, es la necesidad de incluir la perspectiva de género para abordar el consumo de drogas de una manera “justa y equitativa” y poder así desarrollar intervenciones “efectivas” que “atiendan las necesidades específicas y reales de las mujeres”.

Además, el informe muestra la “relación” del género con “diversos ámbitos” como la prisión, la prevención, la prostitución y la inclusión/exclusión social y resalta que la exclusión social y la desigualdad de género son factores que “aumentan la vulnerabilidad de las mujeres al consumo de drogas y a sufrir situaciones de violencia y discriminación”.

A su vez, manifiesta la importancia de “considerar” la perspectiva de género en la investigación, prevención y tratamiento de la drogadicción y otras problemáticas relacionadas.

En el contexto de prisión, enfatiza la relevancia de ofrecer un tratamiento “adecuado” que cubra las necesidades “específicas” de las mujeres y de abordar la adicción “de manera multidisciplinar e integral”, garantizando el acceso a la justicia y “mejorando la calidad de vida de las mujeres encarceladas”.

En cuanto a la prevención, el manual hace hincapié en la importancia de hacer las campañas “más inclusivas y efectivas” incorporando la perspectiva de género.

En relación con la exclusión social, subraya la importancia de llevar a cabo una intervención “más integral” y una perspectiva de género “interseccional” en el abordaje y, en cuanto a la “imagen social” de las personas con consumo “problemático” de drogas, identifica un “fuerte estigma y estereotipos” que, según la red, “dificultan su inclusión social y reconocimiento de su problemática”.

Por lo que se refiere a la violencia de género y las drogodependencias, expone la importancia de abordar ambas problemáticas “de manera interrelacionada” para ofrecer un tratamiento “integral y adecuado a las necesidades de las mujeres que las sufren”.

PROPUESTAS DE MEJORA

A raíz de este análisis, UNAD compartió una serie de propuestas de mejora que pasan por desarrollar políticas, programas y estrategias “adecuadas” que “consideren” las diferencias de género para ofrecer una atención “más adecuada y efectiva” a todas las personas afectadas por los problemas relacionados con las drogodependencias, tanto en la prevención, como en el tratamiento y la reinserción social.

En paralelo, defendió que estas políticas deben “tener en cuenta” las diferencias de género en los patrones de consumo, pero también en los factores de riesgo, así como en “la discriminación y el estigma que sufren las mujeres que consumen”.

Por último, entre las propuestas de mejora también abogó por el fomento de la participación y la “implicación” de las féminas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas y programas de atención a las drogodependencias.