El expediente a esta radio, que emitía programación comercial, fue incoado por la Generalitat tras la denuncia de otras emisoras castellonnses por la falta de la preceptiva concesión administrativa.

Esta intervención, según fuentes del Ejecutivo valneciano, "obedecen al propósito del Gobierno Valenciano de hacer cumplir la normativa en materia de utilización del espectro radioeléctrico y defender los legítimos intereses, comerciales y de imagen, de las emisoras que actúan dentro de la legalidad".