El nuevo decreto, que está en periodo de información pública, pretende llenar el vacío normativo que ocupa hasta ahora la apertura de fosas a fin de garantizar la dignidad de las víctimas y asegurar que no se haga ningún uso indebido de los restos.

El Gobierno catalán quiere asegurarse de que sólo se proceda a la apertura de una fosa cuando haya las suficientes fuentes documentadas u orales para determinar con rigor su existencia.

La nueva normativa determina todos los requisitos que se han de cumplir en una fosa para que pueda ser excavada, establece que ello se tiene que hacer bajo la dirección de un historiador/arqueólogo experto y crea los órganos responsables de la supervisión, asesoramiento, consulta y coordinación de estas actuaciones.

Por otra parte, el nuevo decreto también establece la creación del Censo de Fosas de la Guerra Civil y la Posguerra en Cataluña y el Censo de Personas desaparecidas durante ambos periodos.