Capdevila, acompañada por el secretario para la Inmigración, Oriol Amorós, celebró la consecución de este pacto que, según dijo, "representa un salto cualitativo y cuantitativo en el compromiso con las políticas de inmigración en Cataluña".

La firma con las fuerzas políticas catalanas, agentes sociales y entidades implicadas tendrá lugar mañana viernes 19 de diciembre al mediodía al Palacio de la Generalitat en un acto institucional presidido por el presidente del Gobierno autonómico, José Montilla.

La consejera catalana explicó que el documento "incluye un análisis consensuado sobre las fuertes transformaciones vividas, acuerda el conjunto de retos a afrontar y las actuaciones a emprender para garantizar una buena convivencia, una mayor cohesión social y una igualdad de oportunidades para todas las personas".

Según Capdevila, el pacto responde directamente a las tres demandas principales que plantea la ciudadanía ante el reto de la inmigración: "La gestión de los flujos migratorios, no competir por los servicios públicos y vivir en una sociedad diversa, no en una diversidad de sociedades".

Para la gestión de los flujos migratorios y el acceso al mercado de trabajo, el pacto propone priorizar la contratación de las personas en edad de trabajar que ya están en Cataluña y aumentar la tasa de actividad de las mujeres, los jóvenes y las personas que han llegado a la región mediante reagrupamiento familiar.

Además, el texto propone mejoras en la gestión de las entradas y salidas de la mano de obra de origen extranjero y la lucha contra la economía sumergida. El pacto, también, apuesta por una gestión de los flujos migratorios responsable y coordinada con los países de origen.

La consejera destacó también que una de las principales aportaciones de este acuerdo estratégico pasa para reforzar los recursos en ámbitos como los Servicios Sociales, la Sanidad o la Educación, de forma proporcional al aumento de población.

"Un incremento demográfico que no se ha visto compensado por una mejora en el sistema de financiación autonómica que permita adaptar los servicios a la realidad", señaló.

A la vez, el pacto, que incluye un total de 112 medidas, de las cuales 62 son políticas vigentes que hace falta reforzar y 50 son iniciativas nuevas, propone fomentar la integración en una cultura pública común y el acceso al derecho a voto para las personas immigrades.