En una rueda de prensa que convocó hoy en Madrid, el secretario confederal de Formación de UGT, José Manzanares, criticó y se mostró preocupado por el acuerdo del Gobierno, anunciado oficialmente por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Luis Martínez Noval, a los miembros del Consejo General de Formación Profesional (CGFP).

Cataluña es, según informó José Manzanares, la comunidad autónoma en la que la gestión del INEM destaca por la particpación real de los empresarios y los sindicatos; una evidencia que le obliga a pensar que ese acuerdo del Ejecutivo "pretende arruinar la experiencia, en lugar de generalizarla en la reforma del Instituto".

La FPO está integrada en el actual Plan de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) y, según señaló el dirigente ugestista, el traspaso puede desviar hacia el Gobierno catalán cerca de un 12 por ciento del presupuesto del programa, unos 15.000 millones de pesetas.

Todos los agentes sociale del CGFP manifestaron su desacuerdo por el anuncio de la transferencia de una parte de la política de empleo a la Generalitat catalana, y solicitaron a Martínez Noval un aplazamiento hasta que inicien la negociación sobre la formación profesional.

"APARCAMIENTO DE PARADOS"

El responsable de Formación en UGT afirmó también que esa política "de hechos consumados" puede llevar a que el INEM se consolide como "el instituto de aparcamiento de parados no cualificados, donde predomine el asistencialismo yla dualidad en el mercado de trabajo".

El inicio de la concertación para la reforma del Instituto Nacional de Empleo (INEM) está previsto para el próximo mes de septiembre, por lo que la central ugetista considera que la transferencia de la FPO es precipitada y no asegura una mayor eficacia en la gestión.

El traslado de la formación ocupacional puede generalizarse en los próximos meses a otras comunidades autónomas, como, por ejemplo Andalucía, cuyo proyecto "está muy adelantado", aseguró Manzanaes.

La trasferencia al Gobierno andaluz supondrá, en opinión del sindicalista, el desvío de unos 20.000 millones de pesetas, un 18 por ciento de los presupuestos del Plan FIP, a esa comunidad.

Finalmente, indicó que el Gobierno debe pactar la reforma eficaz del INEM con todos los miembros del CGFP, ante los retos del mercado único y de la libre circulación de trabajadores, a partir de enero de 1992.