La Asociación AVIS del Bon Pastor son los responsables de esta petición, con la que solicitan una auditoria de ambos mandatos de Colau. La GAIP tiene ahora un plazo de dos meses para resolver la queja, aunque este plazo puede extenderse dos semanas adicionales en caso de solicitar informes externos.

Los ciudadanos firmantes solicitan información sobre compras, subvenciones, contratos, convenios, balance general, deuda, flujos de efectivo y estado de las variaciones del capital contable municipal. También solicitan una relación de todas las viviendas compradas –incluidas las adquiridas por sobre del precio de mercado– y datos sobre los solares que son propiedad del Ayuntamiento, con los metros y la ubicación.

La asociación alegaba en dicho escrito que el gobierno de BComú, liderado por Colau, adquirió propiedades en zonas exclusivas como la calle Balmes o el barrio de Gracia, creyendo que existían indicios de que fue un despilfarro de recursos públicos. Entre ellos, las viviendas sociales situados en la calle Encarnació. La operación la gestionó el entonces concejal de distrito de Gràcia, el actual diputado en el Congreso Eloi Badia. Cada unidad costó cerca de 600.000 euros, una tarifa mucho más elevada que el precio de los inmuebles de VPO en el mercado, según exponen.

La comisión iniciará la petición en los próximos días, solicitando al Ayuntamiento de Barcelona la entrega del expediente, los antecedentes y un informe jurídico. Posteriormente, en base a dicho informe, se evaluará la necesidad de notificar a terceras personas que pudieran estar afectadas por el acceso, así como la posible intervención de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

La GAIP es un órgano especializado e independiente, elegido por el Parlamento de Cataluña, encargado de velar por el cumplimiento y las garantías del derecho de acceso a la información pública. La principal responsabilidad de la GAIP es atender reclamaciones de la ciudadanía contra resoluciones administrativas relativas a solicitudes de acceso a la información pública.

En octubre de 2023, esta misma asociación presentó ante el Ayuntamiento la petición de información de los 8 años de Ada Colau (BComú) al frente del gobierno, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. Los firmantes solicitaron la información al consistorio, ahora encabezado por Jaume Collboni (PSC), de las cuentas anuales del Ayuntamiento -y los entes y empresas que dependen- entre junio de 2015 y junio de 2023, período que corresponde a los dos mandatos de la exalcaldesa Ada Colau.

En el documento presentado en octubre, los demandantes solicitaban “un análisis económico, financiero y fiscal de las subvenciones directas concedidas, una revisión de los fondos públicos asignados para la defensa legal de los miembros del gobierno y una evaluación de la recaudación derivada de la tasa municipal de recogida de basura”.

En una extensa respuesta a principios de diciembre, el gobierno municipal de Collboni rechazó la solicitud de llevar a cabo una auditoría de los dos mandatos de Colau. En líneas generales, el gobierno municipal argumentó que la información requerida "poseía un volumen insostenible, impactando en toda la organización municipal y entidades dependientes, y además abarca un periodo temporal que se extiende desde junio de 2015 hasta junio de 2023".