De esos 300 expedientes, 100 han acabado en sanciones por infringir de forma grave la legislación vigente sobre transporte de viajeros, según explcó el director general de esta área, Robert Ramírez. El total de las inspecciones realizadas en las carreteras ha sido, desde agosto de 1992, de 1.600.

Ramírez dijo que en este periodo se habían intensificado los controles policiales y que se había conseguido una importante reducción de empresas de viajes piratas. No obstante, añadió que aún existen intentos para resucitar estos negocios.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Afectados por el accidente de Torreblanca, Rosario Vera, denució públicamente que todavía siguen saliendo líneas ilegales hacia Andalucia y otros puntos de España, y concretemante, dijo, desde la población de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), lugar en el que estaba ubicada la sede del autocar pirata siniestrado el aña pasado. Según aseguró, los billetes de venden en dos bares de la localidad.

Para el responsable de Transportes del Gobierno catalán "es difícil demostrar que los billetes se venden en los bares y no se puede actuar contra ellos si lo que hacenes reservarlos". Ramírez afirmó que su dirección general sigue actuando contra las agencias pirata y que ha puesto en marcha una campaña de información para explicar los derechos que tiene el usuario.