Así lo aseguran los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la sentencia hecha pública hoy, por la que han condenado a tres años de cárcel al general Navarro como principal responsable del error y posterior falseamiento de la identidad de 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez y compuesto además por Nicolás Poveda y Manuela Fernández, ha encontrado a Navarro culpable de un delito de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público.

La sentencia señala que Navarro "actuó con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad al emitir los documentos con identificaciones aleatoriamente asignadas, es decir, actuó dolosamente".

Además, los magistrados han condenado a los dos subordinados de Navarro que viajaron con él a Turquía, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, a un año y medio de prisión cada uno como "cómplices" del general y partícipes del delito de falsedad documental.

Sobre Ramírez y Sáez, la sentencia señala que "sabían que 30 de los cadáveres no podían haber sido identificados con los datos que poseían". La falsedad en las identificaciones es "un hecho evidente para un profano, por lo tanto más aún para dos personas con su cualificación profesional", señalan los magistrados.

De forma complementaria, Navarro ha sido condenado a pagar una multa de 1.800 euros y se le ha impuesto la inhabilitación especial por un periodo de dos años. Por su parte, Sáez y Ramírez deberán pagar una multa de 900 euros cada uno y han sido condenados además a un año de inhabilitación especial.

SIN PRUEBAS DE ADN

La sentencia señala que Navarro, sólo mediante el examen externo de los cadáveres y "sin realizar diligencia o análisis complementario alguno, y a pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales datos todos los cuerpos", elaboró una lista en la que atribuía a cada uno de los 62 cadáveres una identidad.

De este modo, el general "aparentaba que todos ellos habían sido identificados, cuando lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria en 30 casos".

Las falsedades recogidas en este listado elaborado por Navarro fueron posteriormente recogidas por Ramírez y Sáez en los informes de necropsia y los certificados médicos de defunción entregados a los familiares.

Los informes de necropsia y los certificados médicos de defunción son documentos oficiales, por lo que el delito de falsedad documental se produjo al transcribir en ellos las 30 identificaciones inveraces.

Estas identificaciones falsas provocaron que les fueran entregados a muchos de los familiares de las víctimas restos que no eran los de sus seres queridos. Esto tuvo como consecuencia que se enterrara o incinerara a personas que no eran los familiares que se creía, provocando un "gran daño moral".

INDEMNIZACIONES

Debido a este grave daño moral producido a los familiares de las 30 víctimas cuyas identificaciones fueron falseadas, el tribunal ha condenado a Navarro a indemnizar a los familiares decada uno de ellos con 10.000 euros.

Si el general no puede hacer frente a todos estos pagos, la sentencia indica que Ramírez y Saéz deberan asumir "solidariamente" el resto de las indeminizaciones.

Por último, los magistrados condenan al Ministerio de Defensa como responsable civil subsidiario a hacer frente a las indeminizaciones si los tres acusados no pueden satisfacer la totalidad de los pagos a los familiares.

INGRESO EN PRISIÓN

Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que a pesar de la condena a tres años de cárcel, es probable que Navarro no entre en prisión ya que, con toda probabilidad, sus abogados recurriran la sentencia de la Audiencia Nacional. Si se produce el recurso, al tratarse de una pena inferior a cinco años, el general podría eludir su ingreso en prisión hasta que el Tribunal Supremo vea los recursos y dicte una sentencia definitiva.

Aún así, fuentes de los abogados de los familiares consultadas por Servimedia explicaron que no descartan pedir la ejecución provisional de la sentencia para que Navarro ingrese en prisión. Los familiares de las víctimas anunciaron además que lo más probable es que recurran la sentencia ante el Supremo para que este órgano jurídico eleve las penas impuestas a los militares.

Por su parte, el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, dijo estar satisfecho con la sentencia de la Audiencia Nacional y anunció que no recurrira la misma ante el Tribunal Supremo. Además, Burgos señaló que, en previsión de que las demás partes si recurran la sentencia, no tiene previsto pedir el ingreso en prisión de Navarro.

COLABORACIÓN TURCA

El tribunal desmonta además en su sentencia las tesis de los acusados, quienes se defendieron durante la vista oral asegurando que la colaboración con las autoridades turcas en el lugar del accidente fue "pésima" y que la comunicación con los funcionarios turcos era casi imposible ya que ninguno de ellos hablaba inglés y no tenían intérprete.

Los magistrados señalan que "existió colaboración entre españoles y turcos, sin que sea cierto que estos pusieran innumerables obstáculos a las indentificaciones". Por el contrario, la sentencia señala que los forenses turcos actuaron correctamente y con prudencia "admitiendo las identificaciones basadas en un solo dato cuando éste era razonablemente fiable y rechazaron las demás".

Estas cautelas de los funcionarios turcos fueron reflejadas en el acta de entrega que elaboraron. Este documento realizado por las autoridades turcas, en el que se alertaba de que 30 cadáveres estaban sin identificar, fue firmado tanto por Navarro como por el general José Antonio Beltrán Doña, coordinador de la tareas de repatriación.

A este respecto, la sentencia señala que "no es verosímil que dos generales del ejército español con amplia experiencia firmen un documento en el extranjero responsabilizándose de la repatriación en condiciones irregulares de 62 cadáveres sin conocer el contenido de lo firmado".

Aún así, los magistrados exculpan a Beltrán Doña ya que señalan que Navarro le manifestó "que él los teníaidentificados a todos".

Por último, y sobre los supuestos problemas de comunicación con las autoridades turcas alegados por los acusados en su defensa, el tribunal indica que los militares "tuvieron a su disposición a un intérprete que trabajaba para el consulado" y que era "un buen intérprete", según declaró el que fuera cónsul español en Turquía en el momento del accidente, Raimundo Ezquerra.