Navarro, al contrario que los otros dos acusados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, que no quisieron hacer uso del derecho a la última palabra, se dirigió al tribunal para asegurar que su "esfuerzo" durante su estancia en el lugar del accidente, que describió como "infierno", "fue realizado con el mayor cariño".

En este sentido, preguntó al tribunal qué "beneficios personales" habría obtenido él, que ya era general y no tenías más opciones de ascensos, con "una intepretación voluntariamente perversa" de su tarea en la identificación de cadáveres.

"No me considero un esquizofrénico ni soy Mr. Hyde, de pronto, yo que estaba haciendo el bien dentro de una praxis normal, ¿voy a revolverme a hacer daño a las familias?", se preguntó el general.

Además, Navarro dijo que en sus 44 años de ejercicio de la medicina y sus 42 años como militar no ha tenido "ningún incidente" y añadió que su cometido en los casos de muerte ha sido siempre "entender su dolor y dar informacion suficiente" a los familiares.

En este sentido, se responsabilizó de la información suministrada a la familias tras el accidente y dijo que fue él quien decidió que en la misma se limitara "la descripción de daños" ya que "los detalles escabrosos" no iban a ayudar a disminuir su dolor.

Por último, Navarro denunció los "juicios parelelos" a los que han sido sometidos durante cinco años él y los otro dos acusados por parte varios medios de comunicación "interesados" y que le han causado una "profunda zozobra".

Tras las palabras del general, el presidente del tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Goméz Bermúdez, decretó el visto para sentencia. El juicio se ha prolongado finalmente durante un total de nueve sesiones y en él han intervenido 21 testigos.

El fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, pide cinco años de prisión para el general Navarro y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez, al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los tres militares están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del Yak-42, el avión que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

A pesar de que no existe una fecha tope para que el tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez dicte sentencia, es previsible que la resolución esté lista en poco menos de un mes.