Fuentes de la patronal de estaciones de servicio indicaron a Servimedia que "la crispación y estupor en el sector es enorme" y añadieron que el calendario de movilizaciones y cierres se dará a conocer previsiblemente el martes de la semana que viene, fecha para la que estaba convocada una reunión de centenares de empresarios del sector en Madrid.

La CEES denuncia que e Gobierno "ha engañado" a los gasolineros retrasando con "falsas negociaciones" los cierres que desde el principio se mostraron dispuestos a realizar, ya que entienden que lo que el Ejecutivo quiere hacer pone en peligro la continuidad de unas 4.000 gasolineras de toda España y más de 12.000 puestos de trabajo.

Tras conocer la decisión del Gobierno, adoptada hoy, de llevar adelante la medida a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestsos Generales del Estado para 1998, y no mediante una Ley eneral de Hidrocarburos consensuada con todos los agentes sociales, los gasolineros califican de "inédito" y "prepotente" al Gabinete Aznar, por imponer una decisión que ha recibido las críticas del Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, los sindicatos y las cámaras de comercio.

Asimismo, los empresarios del sector coinciden en señalar que no se oponen a la plena liberalización, es decir, la posibilidad de que las cooperativas de transportistas puedan vender a sus asociados gasoil más barat si, a su vez, se suprimen los actuales contratos de abanderamiento que obligan a las gasolineras a fijar los precios que imponen las petroleras.

"O eso", añadieron a Servimedia, "o una rebaja de la fiscalidad del gasoil profesional que permita a los transportistas adquirir en las mismas estaciones de servicio el combustible más barato, único motivo de su demanda".

Frente a estos argumentos, la CEES señala que la opción del Gobierno supone un serio riesgo de cierres de empresas y pérdidas de puesos de trabajo, ya que el estrecho margen de 6 pesetas que las petroleras dejan a los gasolineros hará imposible competir con las 16 pesetas de descuento que las mismas petroleras llegan a ofrecer a las cooperativas de transportistas.

Desde la patronal de estaciones de servicio se ha querido dejar bien claro que "la actitud demostrada por el Gobierno supone todo un escándalo en un sistema de derecho, y pone en evidencia su talante autoritario y escasamente democrático, toda vez que parece atribuir un ppel meramente decorativo a las más altas instancias consultivas del Estado".