En rueda de prensa, Prats explicó que esta actividad incumple la normativa comunitaria sobre la exclusividad de los contratos de suministro de combustible existente desde 1993, y favorece a que Repsol, Cepsa y BP controlen el mercado.

Prats instó al Ejecutivo a que obligue a estas tres empresas a cumplir la sentencia que el Tribunal Supremo dictó el pasado 19 de julio del 2005, en la que obliga a Repsol a cumplir las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, en las que exige a las petroleras a "permitir que el precio del carburante se fije libremente por las estaciones de servicio".

Igualmente, informó de que envió una carta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el pasado 10 de enero para pedirle que se pronuncie sobre esta situación, aunque dijo que todavía no ha recibido una respuesta.

Explicó, además, que las grandes petroleras controlan 2.000 de las 8.500 gasolineras de toda España y que, si no se obliga a éstas a ajustarse a la normativa europea vigente, esta cifra "podría aumentar hasta las 4.000 gasolineras en el plazo de cuatro años".