Según fuentes de la CEES consultadas por Servimedia, el temor a la medida está en la posibilidad de arrebatar a las gasolineras el grueso de su negocio: el suministro de combustible a los camioneros.

La razón está, indicaron "en que, dada la autonomía que tiene un camión, con un punto de suministro en Madrid y otro en Barcelona, una cooperativa puede anualar a todas las gasolineras asentadas en el trayecto".

Las consecuencias de una medida de este tipo, reitera la CEES, puede ser la quiebra de unas 4.000 estaciones de servicio en toda España y la pérdida del empleo para unas 12.000 personas.

En un comunicado, la CEES considera "inaceptable" e "inadmisible" el cauce empleado por el Gobierno paa llevar a cabo esta medida, después de que tuviese listo un decreto que recibió el rechazo del Consejo de Estado.

Desde la patronal de gasolineras se advierte que el sector "tiene conferidos los derechos de distribución de carburantes al por menor por la Ley 34/92, también llamada del Petróleo, y que estos han sido conculcados por el Gobierno de manera unilateral, utilizando una vía imporpia para ello -la Ley de Acompañamiento a los presupuestos Generales del estado para 1998-".

Los gasolineros cusan al Gobierno de haber procedido con esta medida "a realizar una pura y dura confiscación de los derechos que por ley tienen", y añaden que recurrirán a cuantos instrumentos estén a su alcance para defender sus derechos.