Jesús Pedroche, consejero de Presidencia, manifestó que el Ejecutivo madrileño ha promulgado este decreto "porque nos preocupa garantizar los derechos de los consumidores en este ábito".

El decreto aborda, entre otros aspectos, medidas de control y la información que debe suministrarse a los consumidores en lo relativo a precios, horarios y sistemas de pago.

"Facilita las acciones inspectoras de los funcionarios de la comunidad autónoma, coordinándose esta labor en materia de Industria y de Consumo. Incluye un estudio pormenorizado del aparato surtidor y estipula que todos los precintos sean públicos -antes eran privados-, sancionando a la estación que los haya manipulado" concluyó el consejero.