Según explicó, "no estamos ante un fraude consistente es distraer al conductor, cuando se le sirve gasolina, sino un fraude que primero pensamos que er mecánico, luego advertimos que puede ser electrónico y está por ver que no tenga un carácter informático".

"Estamos ante un fraude que, en el supuesto que se pueda demostrar, sería un fraude de una alta inteligencia delictiva detras del mismo, incapaz de ser percibido con los controles normales, que han resultado insuficentes", añadió.

Tras explicar que este asunto está "sub judice", Gallardón explicó que "desde el primer momento trabajamos conjuntamente con la Fiscalía. Hemos actuado como polica judicial de la Fiscalía y del juzgado, y en coordinación permanente".

Sobre las posibles sanciones a los posibles defraudadores, dijo que, con independencia del las decisiones del juez, que necesita acreditar el fraude para actuar, "el solo hecho de tener el precinto violado es un ilícito administrativo, sancionado con cantidades importantes de dinero".

Ruiz-Gallardón no responsabilizó al anterior Gobierno socialista de este asunto, como ayer hizo Manuel Cobo, portavoz del PP de la Asamblea de adrid, pero afirmó que hay noticias según las cuales el fraude se remonta a quince años atrás.