La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) manifestó hoy su satisfacción por esta nueva normativa, ya que "recoge plenamente las exigencias de la OCU tras el escándalo surgido en enero".

El Gobierno ha establecido un plazo de seis meses para que todos los surtidores del país pasen la primera verificación periódica y, lo que es más importante para los consumidores, coloquen en un lugar bien visible l etiqueta de verificación.

A partir de ahora, la reparación de un surtidor sólo podrá ser realizada por una persona cualificada, previamente inscrita en un Registro de Reparadores Autorizados. Una vez realizada la operación, deben restituirse todos los precintos que se hayan tenido que levantar para realizarla.

La reparación deberá quedar reflejada en un libro-registro, con indicación de su fecha y de la identidad del reparador. Asimismo, la manipulación o reparación debe ser comunicada a la Admiistración para que antes de poner en funcionamiento el surtidor pase un proceso de verificación.

Tras esta verificación, se deberá poner en lugar bien visible una etiqueta de verificación. La orden prohíbe el uso de surtidores que no tengan en lugar visible la oportuna etiqueta de verificación en vigor.

La normativa establece el control del cable que une el emisor de impulsos con el contador a la vista del público del surtidor, como operación previa al control volumétrico.

La verificación peiódica deberá realizarse una vez al año y será responsabilidad de los empresarios de las estaciones de servicio, que han de solicitarla antes de que expire ese plazo de un año. Una vez solicitada, la revisión debe realizarse antes de 7 días.

La OCU advierte, no obstante, que la eficacia de la orden depende de la diligencia de las comunidades autónomas en aplicarla y hacerla cumplir. Mientras tanto, aconseja a los consumidores que elijan y, si es posible, prefieran repostar en las gasolineras que exhibn etiquetas de verificación antes que en las que no las tengan.