Respecto a las declaraciones del ex consejero socialista de Economía José Luis Fernández Noriega, quien indicó que un 10 por ciento de las gasolineras de Madrid vendía en 1993 combustible adulterado, De la Vega manifestó: "No puedo emitir un juicio de valoración cuando había otro equipo de gobierno en nuestro lugar".

De la Vega aludió igualmente a las quejas manifestadas por los empresarios del sector, que aseguran sentirs indefensos antes las inspecciones actuales, y dijo que la única garantía que puede ofrecer la Administración es la de que los precintos estén en perfecto estado.

En este sentido, explicó que es responsabilidad de los empresarios conseguir que cuando se haga una reparación en el surtidor, éste quede precintado.

Por otro lado, De la Vega evitó pronunciarse sobre las acusaciones del presidente de la Asociación de Gasolineras de Madrid, Antonio Onieva, de que ante surtidores en similar estado los inpectores habían actuado de manera dispar.

El director de Comercio de la Comunidad de Madrid confirmó que su departamento ha remitido al Defensor del Pueblo la información que le ha solicitado sobre este caso, al tiempo que reiteró que la Comunidad está "en absoluta comunicación con el Ministerio Fiscal y con el juzgado de instrucción número 45".