Recordó que, en 1994, fue archivado un informe de anterior gobierno regional, presidido por Joaquín Leguina, que recomendaba modificar los procedimientos de inspección y perseguir los posibles fraudes.

El consejero explicó que los protocolos de inspección eran los mismos que los del anterior Gobierno y que "nuestro error fue seguir los mismos procedimientos".

Tras reiterar que la CAM actuó nada mas conocer la denuncia de la OCU y que, por primera vez, se abrieron los precintos internos, Blázquez informó que hasta la fecha se han revisado 221 gaolineras, 908 postes y 3.572 mangueras.

Fruto de esas investigaciones, se cerraron 6 gasolineras, 53 postes y 188 mangueras. En total, 45 expedietes abiertos, lo que supone dejar fuera de servicio el 6% de los surtidores y que el 20% de las gasolineras hayan sido expedientadas.

Julio Misiego, diputado de IU, pidió la dimisión del director general de Industria, Leopoldo del Pino, y solicitó la puesta en marcha de las estaciones cerradas, mediante un administrador judicial, y la apertura inmediataurgente de las mismas para salvaguardar los puestos de trabajo.

Advirtió que los supuestos fraudes podrían estar relacionados con la futura ley de Hidrocarburos y podrian ser el "inicio de una guerra comercial para predeterminar y fijar territorios en el sector gasolineo".

Juan Antonio Barrio de Penago, diputado del PSOE, recriminó a Blázquez que echase la culpa del presunto fraude a la "Insoportable Herencia Recibida" y recordó que las inspecciones las organizó la consejería.

Tras pedir ladimisión del diirector general de Industria y señalar que "nos reservamos el derecho de pedir una comisión de investigación, el representante del PSOE acusó al Ejecutivo de reaccionar tarde y ser incapaz de determinar el fraude, una vez conocida la denuncia de la OCU.