Los transportistas de FENADISMER y UNIATRAMC, la Confederación de Asociaciones de Vecinos, Cnsumidores y Usuarios de España (CAVE), los agricultores de la UPA, los subcontratistas de la construcción, dos asociaciones de taxistas (UNALT y la Confederación del Taxi de España), la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) presentaron el pasado mes de julio sus alegaciones, durante la fase de diligencias previas.

Este mes de noviembre les toca el turno a las empresas, que tienen que hacer frente en sus intervenciones ante Jiménez Villarejo a las ausaciones de los consumidores y a las indagaciones de la propia Fiscalía Anticorrupción.

La CECU manifestó a Anticorrupción en su comparecencia "que sospechábamos que existía una connivencia en los precios de los hidrocarburos por parte de las operadoras y que rogábamos que la Fiscalía investigara si había alguna razón para esta sospecha, porque entendíamos que eso iba en contra de la libre competencia", según declaró hoy a Servimedia Antonio López, portavoz de la asociación.