Según las mismas fuentes, el Boletín Oficial del Esado publicará mañana la orden ministerial que permitirá a los autobuses de línea una subida media del 0,92%, con el máximo del 1,4%, y que afecta a unas 3.000 concesiones del Estado, si bien más de 2.800 son gestionadas por las comunidades autónomas.

En declaraciones a Servimedia, el director de Fenebús, José Luis Pertierra, se mostró "sorprendido" por la decisión del Ejecutivo, máxime cuando Fomento sabe que el gasóleo ha incrementado su precio un 20% en lo que va de año y sería precisa una subida delas tarifas en al menos un 4% para compensar ese incremento de costes.

"La subida no sirve para pagar ni el 50% del aumento del coste del gasoil", dijo Pertierra visiblemente enojado, antes de arremeter contra la decisión del Ministerio de Fomento, que calificó de "política" y dictada por la política económica del ministro Rodrigo Rato.

SERVIDUMBRE A RATO

"El incremento aprobado es una servidumbre al control de precios del Gobierno y no responde al real aumento de costes que se ha producido en as empresas", apuntó, no sin recordar que la previsión inicial del Ministerio de Fomento era conceder una subida de las tarifas del 2,29%, que ahora se ha visto recortada a su juicio por las presiones del Ministerio de Economía.

No obstante, Fenebús confía en que las comunidades autónomas que ahora deben aplicar estas subidas sean "más realistas" y tengan en cuenta la inviabilidad que pueden tener algunas líneas de servicio público en caso de adoptar una subida de precios tan "exigua". De lo contrario según Pertierra, los gobiernos regionales deberán apoyar a las compañías concesionarias por medio de subvenciones.

Pertierra advirtió además de que la "lamentable" subida que ha aprobado el Gobierno "pone en peligro la negociación colectiva para el próximo año", si bien desestimó que vaya a dar lugar a recortes en las plantillas.

La medida afecta a 3.000 concesiones de autobuses de línea, de las que 124 dependen directamente del Ministerio de Fomento. El resto dependen de las comunidades autónoms, que ahora deben aplicar la orden ministerial.

Algunos gobiernos autonómicos siguen las pautas marcadas por Fomento, si bien otros optan por tener en cuenta los incrementos de costes en las empresas y concesiones sobre las que tienen competencia y adoptan su propia disposición.

Dado que las líneas de larga distancia son las que dependen directamente del Ejecutivo central, está asegurado que su coste para los viajeros no se incrementará más allá del 1,4%, mientras que puede haber subidas superioes en desplazamientos más cortos, cuyas concesiones dependen de las autonomías.