En declaraciones a Servimedia, Sánchez Llibre aseguró que la operación es del agrado de CiU, si bien esta formación política considera que deben cumplirse diferentes consideraciones.

Así, cree que la operación debe hacerse desde "el máximo cumplimiento" de la legislación vigente y exigir que no perjudique a los pequeños accionistas, ni se les deje al margen.

Además, puesto que el resultado final dará lugar previsiblmente a una empresa más competitiva, a cambio, debe tener como "grandes beneficiados" a los consumidores, en el sentido de que "pudieran beneficiarse de una rebaja de los precios". También pidió que la nueva compañía mantenga su sede en Barcelona.

Finalmente, insistió en que los organismos administrativos encargados de autorizar o no la operación, en referencia a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia, mantengan la "neutralidad" en su labor reguldora con la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola.