En declaraciones a los periodistas en la puerta de la Audiencia Nacional, Garzón, que instruye las causas por delitos de genocidio, torturas, secuestro y asesinato en las dictaduras chilena y argentina, añadió que aunque "desgraciadamente no ha sido así", lo cierto es que "la justicia ha hecho un trabajo importante en los últimos ocho años, tanto en Chile como fuera de Chile".

"Había muchas causas abiertas" contra Pinochet, recordó Baltasar Garzón, quien añadió que, "al menos, esa reparación parcial ha tenido lugar".

Preguntado por aquellos días en los que ordenó la detención de Augusto Pinochet, Garzón señaló que "ya están un poco lejanos", aunque aseguró recordarlos "como si fuera hoy".

"Se tomó una decisión que creo que había que tomar, y después de estos años quizás esa respuesta de la justicia, que no pudo ser completa, se inició allí y ha producido resultados", dijo.

El magistrado tuvo palabras de recuerdo y agradecimiento para los damnificados por la dictadura chilena. "Mi recuerdo a las víctimas y mi apoyo, que hoy más que nunca hay que traer a colación, porque fueron ellas las que hicieron que esa respuesta judicial se diera", señaló.

Garzón explicó que gracias al procedimiento español sobre el Banco Riggs, donde Pinochet tenía cuentas secretas, se recuperaron nueve millones de dólares que están siendo entregados a las víctimas a través de la Fundación Salvador Allende.

"Creo que eso es un ejemplo de lo que puede hacer la justicia cuando actúa sin fronteras y en cooperación con los distintos países", añadió.

Fuentes jurídicas explicaron que las dos causas que existen en la Audiencia Nacional sobre la dictadura chilena (la abierta por genocidio y la relativa al Banco Riggs) se archivarán con respecto a Augusto Pinochet, aunque seguirán su curso en relación al resto de imputados por su presunta participación en los crímenes que se investigan en este caso.

En la primera de ellas, Garzón mantiene procesados a 38 ex colaboradores militares y civiles de Pinochet, sobre los que pesa una orden de captura internacional dictada en 1996, lo que les obliga a permanecer en Chile para evitar su detención.

En el otro procedimiento, el juez tiene también imputados a la esposa de Pinochet y a sus cinco hijos como herederos y responsables civiles subsidiarios del delito de desvío de capitales. Se calcula que Pinochet tenía repartidos en cuentas secretas 27 millones de dólares.