En el auto por el que se declaró competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, Garzón especifica su rechazo a que el Gobierno y el Congreso controlen las exhumaciones, una medida solicitada por varias de las asociaciones de memoria histórica que dieron origen a la denuncia.

En concreto, las asociaciones solicitaron que el Congreso de los Diputados crease una "comisión independiente de hombres honestos" que investigasen y dictaminaran sobre las exhumaciones ordenadas por Garzón.

Por otro lado, solictaron que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, crease un órgano gubernamental que asumiese "el control y la responsabilidad, junto a la eficacia, de toda la coordinación y colaboración entre las Administraciones Públicas" en las labores de exhumación e identificación de los fusilados.

El magistrado argumenta su negativa señalando que las diligencias solicitadas "exceden, en todo caso, las competencias de este juzgado". Además, señala que las medidas pedidas "no se consideran necesarias" pero "sin perjuicio de la obligación general de todos los poderes del Estado y de la Administración según se les demande".

LA TUMBA DE LORCA

En concreto, el juez autorizó las exhumaciones de un total de 19 fosas comunes, entre ellas la que se supone que alberga los restos de Federico García Lorca, situada en la localidad granadina de Viznar y en la que también está enterrado el maestro Dióscoro Galindo, cuyos familiares pidieron a Garzón la apertura de la fosa.

En concreto, y además de la de Viznar, el magistrado ha autorizado la exhumación de los cadáveres que se encuentren en las fosas comunes de Parrillas (Toledo), Adrada de Haza, San Juan del Monte, Valdenoceda (Burgos) y los municipios leonenses de La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas de Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo.

También autoriza excavaciones en las fosas situadas en Córdoba, La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte de San Cristóbal (Navarra) y la Serna (Madrid).

Para esta labor, Garzón ha ordenado la creación de dos grupos de trabajo, uno compuesto por expertos y otro por policias judiciales, que, en coordinación con los juzgados de cada lugar, deben desarrollar las labores de búsqueda y localización de las víctimas.

En concreto, el objetivo de estos grupos, según el auto de Garzón, será "desarrollar las labores de búsqueda y localización para, en un plazo razonable, ofrecer a las víctimas, interés prioritario en este momento, una respuesta".

BANCOS DE ADN

Además, Garzón propone que los grupos de trabajo, con la ayuda del Instituto Nacional de Toxicología, creen un banco de ADN "para la acumulación de las cepas que pueden ser necesarias" para ayudar en la identificación de las víctimas.

La misión de los grupos de trabajo será, además, "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en un sólo informe que incluya el número total de víctimas del periodo estudiado" y los clasifique en tres grupos.

Por un lado, los grupo de trabajo deberán catalogar a las personas detenidas y desaparecidas hasta la actualidad, "con propuesta de localización y métodos de recuperación e identificación de restos".

Por otro, deberán clasificar a las personas detenidas y desaparecidas "cuyos cuerpos se recuperaron pero aún están sin identificar". Por último, deberán crear un grupo con aquellas personas detenidas pero que ya han sido identificadas.

Además, el grupo de policias judiciales tendrá la obligación de "averiguación de las circunstancias de desaparición y muerte" de las víctimas así como la determinación de "las personas que intervinieron" en los asesinatos.

Por último, el juez subraya que las exhumaciones deberán hacerse "procurando preservar las medidas de seguridad y privacidad" así como garantizando "las dignidad de las víctimas y familiares".