El fiscal encargado del caso, Juan Antonio García Jabaloy, informó en contra de esta citación, así como a la de los demás asistentes a aquella reunión, que también ha sido rechazada por el juez, según consta en un auto notificado hoy.

"Ningún indicio o dato se desprende que en la reunión que se celebró a instancias del Partido Socialista de Euskadi el día 6 de julio de 2006 en el hotel Amara de San Sebastián se cometiera delito alguno", alega el juez.

Asimismo, recuerda que si no suspendió aquella reunión fue "porque consideró que no tenía relevancia penal", algo que se ratifica tras los informes policiales posteriores.

Por otra parte, y en la misma resolución, el juez ordena que libre oficio a la Ertzaintza y a la Unidad Central de Información (UCI) para que informen sobre "la ruptura efectiva del precinto" del inmueble del polígono de Belartza, en San Sebastián. en el que se reunieron los miembros de Batasuna antes del encuentro con el PSE.

Los abogados de Dignidad y Justicia señalaron en su escrito que dicho local es uno de los que fue clausurado y precintado por la Ertzaintza el 18 de enero de 2006, como consecuencia del auto de suspensión de actividades de Batasuna.

En función de este informe, el juez decidirá si cita a los miembros de Batasuna que allí se reunieron, tal y como solicitó Dignidad y Justicia.

Garzón se refiere también en su resolución a la carpa y lonja "Julemendi" de Zamudio (Vizcaya), ubicada junto a herriko taberna Kultur Elkartea, clausurada por orden judicial el pasado 4 de mayo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, tal y como le pidió el fiscal, pide al Ayuntamiento de Zamudio que le diga quiénes tienen la licencia de dicha carpa. En función de la respuesta, Garzón decidirá si acuerda su clausura, como pidieron los letrados de Dignidad y Justicia.

OFICINA DE INFORMACIÓN

Los abogados de Dignidad y Justicia pidieron también la clausura de la oficina de información que Batasuna supuestamente abrió en Pamplona con motivo de las festividades de "Los San Fermines".

Hoy, Garzón ha ordenado a la Guardia Civil y a la UCI que recaben información sobre la apertura de dicha oficina, así como de las actividades que en ella se desarrollan. Después decidirá si la clausura, como pidieron los mismos letrados de la citada asociación.

Las diligencias acordadas hoy por el juez Garzón se enmarcan dentro del sumario 35/2002, en el que se investiga la presunta relación de Batasuna con ETA y la supuesta financiación de la citada banda terrorista a través de las herriko tabernas.