Garzón impone además a los cuatro responsables una multa de 96.546.366.000 pesetas para cada uno, lo que podría suponer casi 400.000 millones, por lo que solicita "el embargo de bienes para cubrir en lo posible dicha cantidad".

En el auto se ratifica la actual situación de prisión provisional icondicional para tres de los procesados (Manuel Charlín, José Ramón Ventoso y Vicente Alvés) y se reitera las órdenes de búsqueda y captura internacionales para José Benito Charlín Paz, actualmente en paradero desconocido.

La operación de tráfico de drogas por la que se acusa a los procesados de un delito de tráfico de estupefacientes tuvo lugar en junio de 1997 frente a las costas de Marruecos.

EL BUQUE DE LA ARMADA BRITANICA

Unos meses antes de esta fecha, Manuel Charlín Gama, en contacto conla mafia colombiana del narcotráfico, había acordado comprar un barco para realizar operaciones delictivas. Así, a través de un "broker", compró un buque a la Armada Británica a través de la sociedad panameña Gygnet, para luego cambiar el nombre del barco por el de "Duanas", que empezó a viajar bajo pabellón de Belize.

En junio de 1997 la nave se dirigió hacia las costas de Marruecos donde contactó con el buque nodriza "Tassan", en alta mar. Allí se produjo el traslado de cocaína con un peso de más de6.000 kilos en numerosos fardos perfectamente aislados de la humedad.

Pero el ex buque de la armada británica, el "Duanas", sufrió una avería que le obligó a acercarse a puerto para la reparación. La tripulación arrojó la droga al mar con la intención de volver a recogerla, pero la acción del océano dispersó los bultos, que aparecieron una semana más tarde flotando junto a la costa marroquí, donde fueron intervenidos por las autoridades, que recuperaron 5.840 kilos de "coca" de alta pureza.

Las atoridades judiciales de Kenitra (Marruecos) realizaron los interrogatorios, que luego enviaron al juzgado de Garzón mediante la correpondiente comisión rogatoria que, con gran amplitud, relata los hechos.

Finalmente, Garzón considera que el precio de la sustancia en el mercado podría alcanzar los 96.000 millones de pesetas, cantidad que impone de multa a cada uno de los responsables para poder así embargar la mayor cantidad posible de bienes de los mismos, como responsabilidad civil en el supuesto delto.