El juez Baltasar Garzón se sumó a la citada petición y abogó por mejorar la seguridad en los procesos interrogatorios. Propuso instalar cámaras controladas directamente por los jueces que dejen constancia de este tipo de procesos.

El magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín lanzó una crítica internacional hacia "los líderes que mantienen la antorcha de la democracia y que admiten la tortura como métodos para conseguir sus objetivos", aludiendo así a las políticas que desarrolla Estados Unidos.

Todos los ponentes coincidieron en rechazar las formas de lucha contra el terrorismo que utiliza en la actualidad Estados Unidos y ejemplificadas en la cárcel de Guantánamo. En su opinión, la mejor lucha contra el terror se hace desde la democracia y el respeto de los derechos humanos.

El más crítico con la situación española al respecto fue el director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, quien denunció la falta de coordinación entre el Tribunal Supremo y la policía.

De este modo, destacó que la principal preocupación española pasa en la actualidad por los malos tratos y las detenciones ilegales que sufren los inmigrantes, puesto que en el periodo comprendido entre los años 1995 y 2002 se dieron 320 denuncias de este tipo.

Estas críticas fueron también hacia los distintos gobiernos españoles porque, según el propio Beltrán, hasta el momento "no han reconocido públicamente este problema".

PROPUESTAS DE CONTROL

La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado García discrepó con la tesis defendida por Beltrán sobre el reconocimiento de la práctica de la tortura en España.

En este sentido, apuntó que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, propuso en su momento la creación de un Servicio de Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, cuya misión sería realizar inspecciones puntuales de aquellas instancias policiales objeto de denuncia o algún tipo de queja.

Otra de las posibles medidas para mejorar el control sobre estos procesos es la formación de los Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar las irregularidades que llevan a cabo un número reducido de los 130.000 agentes que hay en la actualidad.