Esta cuestión ha sido planteada por la Junta Electoral Central (JEC), que ayer preguntó a Garzón qué debía hacer ante el caso del Ayuntamiento de Ubide (Vizcaya), en el que una concejal de ANV renunció a su cargo.

La JEC decidió dirigirse al magistrado en respuesta a la consulta formulada por el alcalde-presidente de Ubide, quien no sabía si tras la suspensión de actividades de ANV el puesto vacante de concejal debía ser cubierto por la sustituta del mismo partido elegida en las elecciones municipales de mayo de 2007.

Cuando el pasado 8 de febrero ordenó la suspensión de actividades de ANV y PCTV por haberse convertido en instrumentos del entramado Batasuna-ETA, Garzón puntualizó que la decisión no afectaba ni a los concejales electos ni a los diputados regionales de estas formaciones.

Esta diferencia de trato jurídico tiene una razón fundamental: un acta de diputado o de concejal tiene una dimensión individual, es un derecho personal que ostentan aquellos individuos que han sido votados en unas elecciones, por lo que no pueden afectarles las decisiones jurídicas respecto de los partidos a los que representan.

Pero la resolución de Garzón no precisaba qué pasa en el caso de que un cargo electo de uno de los dos partidos suspendidos renuncie y deba ser sustituido por el siguiente de la lista.

El magistrado deberá tomar una decisión sobre el caso del Ayuntamiento de Ubide una vez haya recibido la respuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.