Asimismo, ordenó prisión bajo fianza de 30.000 euros para Agustín Rodríguez, dirigente de una de las mpresas de la trama financiera de ETA. Además, Garzón dictó orden de busca y captura para Izaskun Barbarías, Juan Francisco Martínez y Rubén Andrés.

Garzón acusa los encarcelados de integración en organización terrorista, alzamiento de bienes, defraudación a la Seguridad Social y un delito continuado de falsedad contable.

Entre los encarcelados se encuentra el ex miembro de la Mesa Nacional de HB, Rufino Etxeberría, el tesorero de Batasuna, Jon Gorratxategui, y el miembro de la comisión ejecutivade la Udalbiltza (Asamblea de municipios vascos), Joseba Mikel Garmendia.

Los otros ocho encarcelados son Juan Ignacio Lizaso, militante de Batasuna; Joseba Garmendia, concejal de Batasuna en Urretxu (Guipúzcoa); Enrique Alaña, abogado y empleado de la empresa Banaka; José Luis Franco, presidente de la empresa Banaka; Idoia Arbelaitz, concejal de Rentería; Jaione Intxaurraga, militante de Batasuna; Vicente Enekotegui, dueño de la empresa Eneko, y Patxi Jagoba Bengoa.

En el auto hecho público estatarde por Garzón, el juez explica que en 1992 ETA decidió configurar una plataforma económico-financiera que aglutinase todas las estructuras y organizaciones del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).

El objetivo de este entramado empresarial es "dotar a todas las estructuras integradas en el complejo terrorista de unos medios de financiación y una estructura económica que vertebre todo el movimiento".

En resumen, para Garzón, con estas empresas ETA financiaba, desarrollaba ycoordinaba sus diferentes estructuras; prestaba apoyo económico para militantes huidos; recaudaba fondos para la ejecución de acciones de apoyo a las diferentes estructuras, y financiaba a Herri Batasuna.

Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional considera que "no existe ninguna duda de que a través de la estructura financiera de las herriko tabernas (...) Batasuna forma parte orgánica de ETA-KAS-EKIN".

En relación a la estructura empresarial, Garzón da por probado que está encabezada por la empesa Banaka S.A., coordinadora de la red de herriko tabernas a través de la denominada Comisión Nacional de Herrikos.

"Desde 1992, la sociedad Banaka S.A. orienta su actividad a lograr el pleno desarrollo de las herriko tabernas como fuente de financiación del complejo terrorista", dice el auto del juez.

El magistrado asegura que las herriko tabernas (que hacen las veces de sedes sociales de Batasuna) son "un elemento propagandístico, logístico y financiero de primer orden".