A la hora de fijar la acción penal contra personas concretas como responsables de estos crímenes contra la humanidad, Garzón ha pedido el certificado de defunción de Franco y otros 35 responsable del régimen franquista, entre ellos los generales Mola y Queipo de Llano, para poder establecer la imposibilidad de su imputación.

Además, en el auto hecho público hoy, de 68 páginas, Garzón solicita al Ministerio del Interior los datos que identifiquen a los máximos dirigentes de la Falange Española entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, "para acordar lo necesario sobre la imputación y extinción, en caso de fallecimiento, de su responsabilidad penal".

El magistrado ha querido dejar claro que el objetivo de su investigación no es "hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil" y destaca que las pesquisas irán dirigidas a esclarecer la situación de todas las víctimas, "con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellas por tales circunstancias".

Aun así, el auto de Garzón señala que "los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora", pero "no aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que, además, fueron perseguidos, desaparecidos, encarcelados y torturados".

COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

A la hora de defender su competencia para la investigación de los fusilamientos y desapariciones, Garzón asegura que, al no haber aparecido todavía las víctimas, el delito de detención ilegal todavía se está cometiendo y, por lo tanto, no ha prescrito. Para el magistrado, esta permanencia delictiva "evita la aplicabilidad" de la Ley de Amnistía de 1977.

Además, el magistrado asegura que los delitos de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco encajan en el contexto génerico de crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, tampoco habrían prescrito.

Por último, señala que es competencia de la Audiencia Nacional porque los hechos encajan también dentro de delito contra altos organismos de la Nación, cuyo conocimiento el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a este órgano jurídico.

RECURSO DE LA FISCALÍA

Por el contrario, la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la decisión de Garzón, al considerar que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y de la Dictadura.

El departamento que dirige el fiscal jefe Javier Zaragoza sostiene, como argumentos principales, que en 1936 no existía la figura de crímenes contra la humanidad, que los delitos prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía de 1977 y que, en todo caso, la competencia correspondería a los juzgados terrotoriales.

COMPARACIÓN CON EL RÉGIMEN NAZI

Pero es que además Garzón asegura que la eliminación sistemática de los enemigos llevada a cabo por el bando nacional durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco fue una acción "planeada y concertada", algo que el magistrado compara con las órdenes e instrucciones dictadas en la Alemania nazi.

El auto señala que el alzamiento de Franco "fue una decisión perfectamente planeada y dirigida para acabar con la forma de Gobierno de España, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidades en los Altos Organismos de la Nación".

Esta planificación llevó "a la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos, propiciando, asimismo, el desplazamiento y exilio de miles de personas, situación que continuó una vez concluyó la Guerra Civil".

Para demostrar este extremo, Garzón recoge en su auto varias declaraciones de Franco al diario estadounidense "Chicago Daily Tribune" en julio de 1936, en las que aseguraba que estaba dispuesto "a acabar con la mitad de los españoles si ello es necesario para pacificar el país".

Además, recoge las declaraciones del capitán Gonzalo de Aguilera al periodista norteamericano John T. Whitaker, en la que el militar señalaba que había que "matar a todos los rojos para extirpar el virus bolchevique y librar a España de ratas y piojos".

EXHUMACIONES

Por otro lado, el juez autorizó las exhumaciones de un total de 19 fosas comunes, entre ellas la que se supone que alberga los restos de Federico García Lorca, situada en la localidad granadina de Viznar y en la que también está enterrado el maestro Dióscoro Galindo, cuyos familiares pidieron a Garzón la apertura de la fosa.

En concreto, y además de la de Viznar, el magistrado ha autorizado la exhumación de los cadáveres que se encuentren en las fosas comunes de Parrillas (Toledo), Adrada de Haza, San Juan del Monte, Valdenoceda (Burgos) y los municipios leonenses de La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas de Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo.

También autoriza excavaciones en las fosas situadas en Córdoba, La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte de San Cristóbal (Navarra) y la Serna (Madrid).

Para esta labor, Garzón ha ordenado la creación de dos grupos de trabajo, uno compuesto por expertos y otro por policias judiciales, que, en coordinación con los juzgados de cada lugar, deben desarrollar las labores de búsqueda y localización de las víctimas.

En concreto, los expertos tendrán que "analizar, estudiar y valorar el lugar y la identificación de las víctimas" y plasmar los resultados "en un sólo informe que incluya el número total de víctimas en el periodo estudiado".

Los denunciantes, las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, presentaron el pasado 6 de octubre al juez Garzón una "lista única" en la que cifraban en un total de 133.708 las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra.

El magistrado indica en su auto que "el suplicio de los familiares de los desaparecidos ha sido permanente porque no supieron si las víctimas fueron ejecutadas, desaparecidos o si estaban vivos o muertos, lo que les convierte asimismo en víctimas, hasta el día de hoy o el momento del hallazgo".

Con la decisión de hoy, el magistrado despeja la incógnita mantenida desde que el pasado 1 de septiembre, tras recibir una denuncia de varias asociaciones que se dedican a la recuperación de la memoria histórica, decidió solicitar a varias instituciones, entre ellas a la Conferencia Episcopal, datos sobre los desaparecidos en la contienda y la dictadura.