El magistrado, a través del auto de prisión dictado contra Correa y dos de sus colaboradores, Antoine Sánchez y Pablo Crespo, señala que los imputados utilizaban "las dádivas y los sobornos a los funcionarios y autoridades públicas" para "nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamiento y comunidades autónomas, para obtener un beneficio propio".

También se utilizaban los regalos, así como "cantidades de dinero" para "mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en la áreas que coincidian con los intereses económicos del grupo y así obtener contratos, eventos y actividades".

La actividad del grupo liderado por Correa estaba especializada en "operaciones y organización de eventos para captar negocios y por ende fondos, en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia".

Garzón advierte en su auto de que se está investigando también a funcionarios y autoridades públicas de ayuntamientos y comunidades autónomas y que podrían incluirse en la lista de imputados.

Además, el magistrado señala que la operación policial contra este grupo se desencadenó porque Correa planeaba huir de España el día 7 de febrero con destino a Panamá, país en el que estaba intentando obtener la residencia de forma "fraudulenta".

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