Además, el magistrado dio traslado a la Fiscalía para que informe si procede elevar una súplica al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) respecto a la portavoz del PCTV en el Parlamento vasco, Nekane Erauskin, y la parlamentaria del partido, Karmele Berasategui, al tener éstas condición de aforadas.

Por otro lado, Garzón obliga a las entidades bancarias en las que el PCTV tiene cuentas a comunicar previamente cualquier movimiento de fondos, medida destinada a evitar la fuga de cápitales de la formación en previsión de que en los próximos días decrete el bloqueo de los activos del partido.

Estas medidas se producen dentro de las investigaciones que el Juzgado Central de Instrucción número 5 lleva a cabo sobre la vinculación del PCTV con la ilegalizada Batasuna y con ETA y constituye el paso previo a decretar la suspensión de actividades del partido.

En el auto dictado hoy por Garzón, el magistrado señala que "los hechos investigados se concretan en la determinación de la vinculacion del PCTV con Batasuna-ETA así como la instrumentación económico-financiera del partido legal para contribuir a la actividad y fines presuntamente terroristas de la organización".

Ramos y Aguirre ya fueron imputados por un delito de colaboración con organización terrorista en Septiembre de 2005, una decisión adoptada por el juez Fernando Grande-Marlaska, quien en aquella época sustituía a Garzón al frente de su juzgado, ya que el magistrado se encontraba de baja en Estados Unidos.

En aquella ocasión tambien fueron imputados los miembros del PCTV Peio Galvéz -su jefe de prensa-, Juan José Petrikorena -quien también formaba parte de Batasuana-, Aritz Blázquez, Javier Ramos, Juan Manuel Rodríguez, Joseba Zinkunegi, Eneitz Ugarte, Jesús Aguirre y Joseba Gotzon Amaro.

Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que la decisión de Garzón con respecto a Ramos y Aguirre constituye un refuerzo de la imputación que ya pesaba sobre ellos, ya que la anterior se produjo en "una fase inicial" y ahora existen más datos sobre su presunta colaboración con ETA.

El pasado lunes, Ramos compareció ante Garzón en una vista en la que la Fiscalía pidió al juez que decretase la suspensión de las actividades del PCTV y del derecho de esta formación a presentarse a las elecciones del 9 de marzo, así como la clausura de sus locales y establecimientos, el embargo y el bloqueo de las cuentas y de los ingresos provinientes de las administraciones públicas.

Ayer martes, Garzón imputó al presidente de Acción Nacionalista Vasca (ANV), Kepa Bereziartua, a la apoderada de las cuentas de la formación, Alazne Arocena Oruezabal, y al ex secretario general Antxon Gómez Lorente, un delito de colaboración con organización terrorista y otro de asociación ilícita por "participar en la financiación de actividades terroristas por parte de ETA-Batasuna".