Tras su declaración en la Audiencia Nacional, que duró cerca de una hora, Garzón decidió dejarla en libertad con la única obligación de comparecer mensualmente en los juzgados más próximos a su domicilio, según explicó el abogado de Rodríguez Quijano, el que fuera fiscal Enrique Molina.

Las fiscales anticorrupción encargadas del caso, Miriam Segura y Concha Sabadell, solicitaron al juez que, además, retirase el pasaporte a Rodríguez Quijano y le prohibiese abandonar el territorio nacional, algo que Garzón finalmente no ha acordado.

Durante el interrogatorio al que fue sometida en el despacho de Garzón, Rodríguez Quijano explicó que está en trámites de separación con Correa y aseguró que hace casi cuatro años que no tiene relación personal con él.

La imputada, que fue administradora de Pasadena y Special Events, dos de las empresas propiedad de Correa que están siendo investigadas por su presunta actividad delictiva, explicó que accedió a estos puestos de trabajo porque se lo pidió su amigo José Luis Izquierdo, también imputado en la causa como financiero de las sociedadas intervenidas.

De hecho, aseguró desconocer la actividad real de las dos empresas y dijo que, como administradora única, se limitaba a firmar aquello que Izquierdo le indicaba. La imputada subrayó que su relación con Pasadena y Special Events finalizó en el año 2001.

Además, señaló que nunca cobró un sueldo como administradora de estas dos empresas y que ahora subsiste gracias al sueldo que le entrega la empresa Construcciones Salamanca, propiedad de su padre, Emilio Rodríguez, que fue detenido en la segunda fase de la "operación Malaya" y que falleció en junio pasado.

En cuanto a su trabajo dentro del gabinete del ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también imputado, Rodríguez Quijano indicó que tan solo se ocupaba de las relaciones con la prensa y de temas relativos a la publicidad.

Por último, preguntada por su propiedades y bienes, la imputada indicó que tiene tres cuentas bancarias y un domicilio que se encuentra hipotecado. Asimismo, reconoció poseer muchas joyas, pero aseguró que se las regala la familia de su padre.

MÁS INTERROGATORIOS

Además de Rodríguez Quijano, ya ha declarado ante Garzón la empresaria Carmen Luis Cerezo, cuya comparecencia duró tan sólo 10 minutos. Esta imputada salió por su propio pie de la Audiencia Nacional, aunque se desconoce cual es su situación procesal.

Después de la mujer de Correa accedió al despacho de Garzón la imputada Felisa Jordán, quien aparece como administradora de algunas de las sociedades creadas por el presunto cerebro de la trama de corrupción que ha salpicado a algunos municipios gobernados por el PP.

Por otro lado, sobre las 13.00 horas de hoy fue trasladado a la Audiencia Nacional el empresario Álvaro Pérez Alonso, el hombre de confianza de Correa en Valencia -conocido dentro de la trama como "el bigotes"- y que fue detenido el pasado lunes por la noche.

Pérez Alonso accedió a la Audiencia Nacional esposado, con barba y visiblemente desmejorado. Fue trasladado a los calabozos de los juzgados, donde permanece en la actualidad.

Además del interrogatorio de estas tres personas, Garzón ha citado para las 17.30 horas de hoy al empresario Francisco Correa, presunto cerebro de la trama de corrupción, para celebrar la vistilla en la que decidirá si ordena su ingreso en prisión preventiva.

Correa deberá comparecer junto a los también imputados Antoine Sánchez, empresario, y Pablo Crespo, ex secretario general del PP de Galicia, para los que Garzón también podría decretar prisión preventiva. El magistrado les interrogó durante toda la jornada del lunes.

En total, en la causa están imputados un total de 37 personas, entre ellas el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y el ex regidor de Majadahonda, Guillermo Ortega, ambos del PP.

Todos ellos están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.