Así lo precisó en un extenso hilo publicado en redes sociales en el que, de cara a la próxima legislatura, hizo hincapié en que el futuro Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez “trabajará” en cuestiones como regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil y aumentar la eficacia del arbitraje de consumo, como herramienta de garantía de derechos de los consumidores.

Junto a ello, urgió a crear nuevas leyes para regular los servicios de atención a la clientela, las condiciones generales de la contratación y las acciones colectivas de representación de los intereses colectivos de las personas consumidoras, en línea con las propuestas lanzadas por su gabinete a lo largo de la presente legislatura.

En paralelo, Garzón subrayó que “cierra” una “etapa” en la que su departamento “ha llevado a cabo distintas medidas para proteger a los consumidores” y, entre las “más relevantes”, una de la que se siente “más orgulloso” es la que permitió “proteger” a jóvenes y colectivos “vulnerables” frente a los posibles “riesgos” de las apuestas.

“Hemos impulsado un cambio de paradigma pionero en Europa al promover entornos más seguros de juego ‘online’ y, además de regular la publicidad de apuestas, hemos creado campañas de concienciación”, apostilló.

LOS MÁS PEQUEÑOS, “CENTRALES”

Por otra parte, subrayó que los más pequeños “también han sido centrales” para las políticas impulsadas por su ministerio, que, entre otras acciones, promovió un acuerdo con la industria juguetera española para “acabar con estereotipos sexistas en la publicidad de juguetes”.

Pero, además, a su juicio, “gracias al trabajo del ministerio” los españoles “tienen más derechos y garantías como consumidores”, recordando que prohibió los teléfonos “exclusivos” 902 y aseguró que la atención al cliente para servicios básicos “sea siempre gratuita”.

Por su parte, hizo hincapié en que el cuidado del medio ambiente “ha sido otro de los ejes fundamentales de la legislatura”. “Para impulsar un consumo más sostenible, hemos fomentado la compra de temporada y proximidad con la eliminación de cargas burocráticas a la venta directa en pequeñas granjas y en el comercio minorista”, abundó.

En este ámbito, con el fin de “garantizar” que los productos “duren más e impacten menos en el medio ambiente”, reivindicó la ampliación del plazo de garantía de dos a tres años, la extensión del plazo de manifestación de la falta de conformidad y el hecho de asegurar que haya piezas de repuesto durante diez años para “fomentar” la reparación, siendo, dijo, “el plazo más amplio de toda la UE”.

LIDERAZGO EUROPEO

En esta línea, en el ámbito europeo, su gabinete “lideró” la aprobación de la Directiva UE de empoderamiento de consumidores para garantizar información “correcta” y “combatir” la obsolescencia programada y el ‘greenwashing’, además de impulsar una directiva para garantizar el derecho a reparar.

“Las relaciones de consumo deben desarrollarse en términos de justicia social, igualdad y garantía de derechos”, insistió, para justificar la creación de la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador con el objetivo de “prevenir y sancionar posibles fraudes masivos” a través de multas “eficaces y disuasorias”.

En paralelo, indicó que, para “evitar posibles abusos” en las relaciones de consumo, su departamento reguló por ley la figura de la “persona consumidora vulnerable”, incluyendo a las personas con discapacidad, al entender que los poderes públicos están “obligados a establecer medidas específicas de protección”, porque “cualquier persona puede estar en situación de vulnerabilidad en una relación de consumo”.

Por último, aseveró que Consumo ha tratado de “asegurar” la “transparencia” en dichas relaciones con la obligación de indicar en las reseñas si se trata de una opinión publicitaria pagada y la creación de un sistema de cámaras de videovigilancia en mataderos, “el único en Europa a nivel estatal” y destacó que, durante la pandemia, “aseguró” la regulación de precios máximos de mascarillas y servicios funerarios y que se garantizaran los derechos de consumidores frente a actividades canceladas.