La investigación de estas supuestas irregularidades, entre las que figuran la desapariciónde importantes cantidades de cocaína y dinero, la aceptación de sobornos y el pago a confidentes con estupefacientes, llevaron al juez Garzón a decretar el pasado viernes la detención del comandante José Ramón Pindado Martínez, "número tres" de esa unidad, así como de otros guardias civiles, entre ellos el propio Domínguez.

Rodríguez Menéndez, que se negó a hacer declaraciones sobre las actuaciones llevadas a cabo por Garzón desde que éste decretó el secreto del sumario, "para no perjudicar la investiación", dijo que la denuncia sobre estas supuestas prácticas ilegales comenzó en junio de 1991.

Vicente Gómez y otros tres guardias civiles compañeros de su unidad, que luego se "echaron para atrás", acudieron al despacho del abogado para denunciar esos presuntos delitos, ya que estaba "preocupado".

Señaló que entonces presentaron una querella criminal, que correspondió al Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, contra el comandante del grupo, José Ramón Pindado, el capitán Jesús Narciso Núñe Calvo y el sargento Gonzalo Menéndez Gutiérrez, que, según Domínguez, utilizaban la droga que importaban de Colombia para pagar a sus confidentes.

En su denuncia, Domínguez relató entonces que los altos mandos conectaban a través de tres confidentes, Ramón del Temple y los hermanos Alfonso y José Dalton, todos buscados por la justicia, con miembros del cártel de Medellín, para que éstos introdujesen la cocaína en España a través del aeropuerto de Barajas.

Añadió que, en el aeropuerto los denuncidos facilitaban el paso a los traficantes, que luego eran detenidos por los miembros de la Ucife, que se incautaban de la cocaína, parte de la cual utilizaban para pagar a sus confidentes.

Rodríguez Menéndez explicó que debido a un problema de competencias entre el Juzgado número 13 y la Audiencia Nacional, ya que Domínguez había declarado voluntariamente ante Garzón, el Tribunal Supremo decidió el pasado mes de septiembre pasar las competencias a este último magistrado, que ha instruido las diligencis que, a juicio del abogado, demuestran que las declaraciones de Domínguez eran ciertas.

Rodríguez Menéndez aseguró que tras denunciar estos hechos en el juzgado, tanto él como la colaboradora de su despacho que llevó el caso, Alicia Moreno, recibieron amenazas "por parte de estos miembros de la guardia civil", lo que les llevó a presentar una querella ante el juzgado.

Señaló que, a pesar de que considera probable que se decrete prisión contra su defendido, ambos tienen "plena confianza en Garzón, de quien resaltó su independencia, y agregó que "el tema está perfectamente atado", ya que, dijo, otros miembros de la Benemérita han confirmado y ampliado estos hechos.

Asimismo, tras resaltar que las prácticas denunciadas no son extensivas a toda la Guardia Civil, sino a unos miembros concretos, también se negó a confirmar si habían sido presentadas a Garzón por otro guardia civil implicado, Doroteo Gómez Porras, unas cintas magnetofónicas en las que registró algunas conversaciones comprometedorascontra sus superiores.

Tampoco quiso precisar si tiene conocimiento de que otros mandos de la Benemérita estén implicados en acciones similares, pero indicó que todavía la operación no está cerrada.