En un auto hecho público hoy, el juez señala que en septiembre de 2001 se intervino una comunicación interna de ETA dirigida a Otzagi, responsable del aparato militar de la banda terrorista, encargado de cobro y gestión del "impuesto revolucionario". En esa comunicación se hacía referencia a que Azkoyen había satisfecho una deuda por parte de Azkoyen.

En 1995, Jesús Marco Calahorra, que entonces era jefe de Administración de Azkoyen, S.A., recibió la indicación de la dirección financiera de la empresa de retirar de sus cuentas, por medio de varios cheques, un total de 12 millones de pesetas.

Esa suma, según el auto, fue retirada en 1996 de la caja fuerte de la empresa por una persona llamada Pabo Lamberto y permaneció oculta hasta 1999, cuando Jesús Marco Calahorra recibió los 12 millones de pesetas de manos de Francisco Elizalde, consejero de la empresa, con la orden de que se apuntara contablemente como ingreso por resultado extraordinario.

En 2000, siguiendo el mismo diseño financiero se detrajeron de las cuentas de la sociedad 25 millones de pesetas que, unidos a los otros 12 millones, fueron convertidos en divisas por Jesús Marco Calahorra, Ignacio Moreno, Blanca Altuzarra, Ignacio Castella, Pablo Lamberto, Jesús Uribe y Francisco Javier Echarte.

El cambio de divisas no fue anotado contablemente, según la investigación de Garzón, y los 37 millones de pesetas fueron depositados en la caja fuerte de la empresa, una vez convertidos.

En el año 2001, Ignacio Moreno habría encomendado a Jesús Marco Calahorra que diera curso a la entrega de los 37 millones de pesetas convertidas a divisas a miembros de la organización terrorista ETA.

"Por tales gestiones a favor de Azkoyen S.A. yde la organización terrorista ETA, Jesús Marco Calahorra Muñoz percibió en reconocimiento a sus servicios la suma de 6.000 euros", añade el auto.

El magistrado considera que los hechos relatados podrían ser constitutivos de un delito de allegamiento de fondos a organización terrorista, imputable a Jesús Marco Calahorra Muñoz.