En el auto de Garzón, de 68 páginas, el magistrado pide a los registros civiles el certificado de defunción de Franco y otros 35 responsables del régimen franquista para poder declarar la extinción de la responsabilidad de estas personas y establecer que no se les puede perseguir penalmente.

En concreto, el magistrado admite la competencia por un delito permanente de detencion ilegal, que, al no haber dado razón del paradero de los desaparecidos, encaja en el contexto génerico de crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, no ha prescrito.

Además, señala que es competencia de la Audiencia Nacional porque los hechos, que empezaron con el Alzamiento Nacional, encajan dentro de delito contra altos organismos de la Nación, recogido que el artículo 65 de la Ley Organica del Poder Judicial atribuye a este órgano jurídico.

Por otro lado, el juez ordena la creación de dos grupos de trabajo, uno compuesto por expertos y otro por policías judiciales, y autoriza las exhumaciones de un total de 19 fosas comunes, entre ellas la que se supone que alberga los restos del poeta Federico García Lorca.

Con esta decisión, el magistrado despeja la incognita mantenida desde que el pasado 1 de septiembre, tras recibir una denuncia de varias asociaciones que se dedican a la recuperación de la memoria histórica, decidió solicitar a varias instituciones, entre ellas a la Conferencia Episcopal, datos sobre los desaparecidos en la contienda y la dictadura.

Esta decisión va en contra del criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, quien siempre ha defendido que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los presuntos delitos cometidos en la Guerra Civil y que previsiblemente recurrirá la decisión del magistrado.

Todas las investigaciones que Garzón ha llevado a cabo hasta ahora sobre los desaparecidos y fusilados de la Guerra Civil se articularon como diligencias previas, es decir, se trataba de pesquisas ordenadas antes de decidir si hay base jurídica suficiente para quedarse la causa o si, por el contrario, tiene que inhibirse en favor de la juzgados territoriales.

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica presentaron el pasado 6 de octubre al juez Garzón una "lista única" en la que cifraban en un total de 133.708 las personas fusiladas y desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra.

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(SEVIMEDIA) 16-OCT-2008DCD/isp

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