En concreto, el magistrado transformó las diligencias previas en las que se encuadraban las investigaciones sobre la Guerra Civil y la dictadura en sumario ordinario, con lo que automáticamente alarga el plazo de tramitación de los recursos.

Al tratarse de un sumario, la Fiscalía no podrá recurrir directamente en apelación a la Sala de lo Penal y deberá, primero, recurrir en reforma ante el propio magistrado.

El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza había anunciado su intención de recurrir directamente en apelación ante la Sala y saltarse el trámite del recurso de reforma al amparo del artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este artículo señala que los recursos interpuestos contra las diligencias previas pueden plantearse directamente en apelación ante la Sala sin necesidad de interponer primero un recurso de reforma ante el propio magistrado, algo que no se puede hacer cuando se trata de un sumario.

En el auto hecho público hoy, Garzón señala que "una vez asumida la competencia y vista la gravedad de los hechos y de los presuntos delitos cometidos" es procedente "la conversión de las presentes diligencias previas en sumario ordinario".

Esta decisión fue trasladada a la Fiscalía y a las demás partes personadas, quienes podrán recurrir la transformación en sumario en un plazo de tres días hábiles.

APERTURA DE LAS FOSAS

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional habían anunciado esta mañana la intención del fiscal Zaragoza de recurrir el próximo martes directamente ante la Sala de lo Penal la decisión adoptada ayer por Garzón al declarase competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Las fuentes consultadas habían señalado que el tiempo estimado para la tramitación y resolución del recurso, que con la decisión de transformar la investigación en sumario se ha alargado aún más, permitiría al juez Garzón llevar a cabo la apertura de las fosas comunes deteminadas en su auto, entre ellas la que contiene los restos del poeta Federico García Lorca, antes de que la Sala decida si permite o no la investigación del magistrado.

El Ministerio Público basará su recurso en tres argumentos principales. Por un lado, defenderá que la iniciativa de exhumar e identificar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura corresponde en realidad al Gobierno y a las comunidades autónomas y no a los tribunales de justicia en virtud de la Ley de Memória Histórica.

Por otro, argumentará que los crímenes de la contienda no pueden entenderse como delitos contra la humanidad porque esa figura no se incorporó al derecho penal internacional hasta los juicios de Nuremberg (Alemania), celebrados a partir de 1945 contra los dirigentes de régimen nazi, y por lo tanto no puede ser aplicada con carácter retroactivo.

Además, al entender que no se trata de delitos de crímenes contra la humanidad sino de delitos comunes, la Fiscalía defiende que, en todo caso, su conocimiento correspondería individualmente a los tribunales territoriales y no a la Audiencia Nacional.

Por último, el departamento dirigido por el fiscal Zaragoza considera, en contra de lo argumentado por Garzón, que estos delitos habrían prescrito al amparo de la Ley de Amnistía de 1977.

En este sentido, las fuentes consultadas explicaron que, a diferencia de las leyes de impunidad de Argentina o Chile, la Ley de Amnistía fue dictada por unas cortes democráticas y por lo tanto es plenamente válida.