En concreto, el magistrado quiere interrogar al general Videla, que fue presidente de la Juna Militar Argentina entre 1976 y 1981, sobre su implicación en el secuestro, desaparición y asesinato de todas esos ciudadanos españoles durante la época de represión en ese país.

Para ello, el magistrado acuerda librar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales argentinas para que cite y requiera a Videla y a los otros imputados si aceptan trasladarse a España para declarar en dicha condición, precisando que, en caso negativo, deberán ser interrogados por la autoridad judicial de ese país sore estos hechos.

Advierte que una vez practicada dicha diligencia, decidirá si procede librar órdenes de detención internacionales o cualquier otra medida sobre su situación.

Además, solicita a la justicia argentina que le facilite una relación de personas asesinadas y desaparecidas en Argentina, españolas o de origen español, en aquellas fechas "y que sean imputadas a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas o fuerzas paramilitares o a cualesquiera otras persona y que se enmarque en la represión producida en ese país entre aquellos años".

También pide que le remitan una relación de los procedimientos judiciales seguidos allí por este motivo, situación en que se encuentran, personas juzgadas y que le faciliten los juzgados que están investigando en Argentina la desaparición de los españoles.

Además, quiere todos los datos que se disponga en Argentina sobre las adopciones clandestinas y estados de las investigaciones realizadas en ese país sobre este asuno y pide al presidente del Senado argentino los trabajos realizados por la Comisión de Investigación sobre la desaparición de españoles en países de América y, en concreto, con referencia a Argentina.

Acuerda, asímismo, librar comisión rogatoria a Suiza para que realicen una exhaustiva investigación bancaria sobre los imputados y otra a Roma, donde se tramita un procedimiento judicial por hechos similares, para intercambiar información.

Finalmente, ofrece a los familiares y perjudicados por la deaparición de los españoles la posibilidad de que declaren sobre estos hechos y les informa de que pueden presentar denuncia ante los consulados españoles en ese país y personarse como perjudicados en la causa.

En su auto, el magistrado requiere además al subsecretario del ministerio de Asuntos Exteriores español para que le remita todos los expedientes y datos que existan sobre los españoles desaparecidos y procedimientos judiciales que se hayan seguido por estos hechos.

Además, también pide a la direcciones generales de la Guardia Civil y Policía que le designen 7 funcionarios cada una para que actúen como policía judicial y se dediquen exclusivamente a esta investigación bajo la dirección de su juzgado.

Además del general Videla, el juez Garzón también quiere tomar declaración como imputados al teniente Alfredo Astiz, alias "el Angel Rubio", condenado en rebeldía a cadena perpetua en Francia por el asesinato de dos religiosos, y al general Antonio Domingo Bussi, actual gobernador de Tucumán al que se responsabiliza directamente de numerosas muertes.

También figuran en la lista de personas a las que el magistrado quiere tomar declaración el comisario general de Buenos Aires Miguel Osvaldo Etchecolatz y numerosos generales, coroneles y policías.

En su auto, el juez precisa que para el adecuado desarrollo del procedimiento judicial, "y sin pretender interferir el curso de los procedimientos judiciales que puedan seguirse ante la jurisdicción argentina, resulta absolutamente imprescindble la extensa e intensa colaboración de ésta y del resto de las autoridades de aquella nacionalidad, teniendo la absoluta seguridad que, dada la gravedad de los hechos y la importancia cuantitativa y cualitativa de los delitos investigados (genocidio y terrorismo), colaborarán en el esclarecimiento de los mismos a través del auxilio judicial internacional".

Garzón investiga la desaparición de ciudadanos españoles en Argentina tras la interposición de una querella por la Unión Progresista de Fiscales,a la que posteriormente se sumó IU y otras asociaciones humanitarias.