Se trata de Ainara Armendariz, Marije Fullaondo y María Teresa Díez de Heredia, a quienes ordena que acudan a la Audiencia Nacional "con asistencia de abogado para recibirles declaración sobre el acto del día 30 de septiembre de 2006 en el que participaron y el contenido del mismo".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional cita también para ese mismo día a una cuarta persona, pero como testigo: Marcelo Alvarez Suárez.

Asimismo, requiere a la Unidad Central de Información (UCI) para que informe sobre "quién dió los discursos en la manifestación de San Sebastián y el contenido de los mismos, así como sobre la vinculación con Batasuna de Santiago Díaz Espada Fernández Monge".

Santiago Díaz es miembro del sindicato LAB y al finalizar la manifestación celebrada en Vitoria leyó un discurso en el que criticó la política penitenciaria del Gobierno, calificándola de "cruel". Asimismo, dedicó palabras sobre lo que considera "una oportunidad histórica abierta en este país".

Se da la circunstancia de que el propio Garzón, con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, autorizó estas manifestaciones el pasado 29 de septiembre, alegando que no consta que los convocantes "tengan relación orgánica con la organización Batasuna".

Asimismo, el magistrado entendía que no existía "ninguna razón" para prohibir unos actos que revestían "todas las formalidades legales", aunque sin perjuicio de los incidentes que pudieran producirse con ocasión de los actos convocados, "lo que daría lugar a responsabilidades".

La asociación Dignidad y Justicia presentó ante Garzón una recurso contra esta decisión, pero el magistrado lo rechazó, insistiendo en que los convocantes y solicitantes de estos actos, "no están incursos en ninguno de los procedimientos" que se tramitan en su juzgado.

Asimismo, argumentó Garzón a Dignidad y Justicia, los convocantes tampoco tienen limitados los derechos de manifestación y reunión, y los lemas de los actos "no son diferentes a los que en otras ocasiones se han utilizado".

Para Garzón, suspender dichos actos "habría sido una restricción del derecho de reunión y manifestación no justificado legalmente".