Así lo defendió el titular de Consumo durante su intervención en el seminario web ‘Bebidas azucaradas. ¿Qué efecto tuvo el aumento del IVA en 2021?’, organizado por EsadeEcPol para analizar los resultados de un estudio de la compañía según el cual dicha medida redujo en unos 11 litros por hogar al año el consumo medio de estas bebidas en los hogares con menor nivel económico y en hasta 25 litros en aquellos con menor nivel económico con hijos.

Con respecto al real decreto, Garzón explicó que se basa en unos perfiles nutricionales “establecidos por la OMS, que, a su vez, están basados en evidencia científica”, por lo que se trata de “regular” la publicidad de aquellos alimentos cuyo consumo “excesivo está considerado suficientemente como peligroso sobre los niños y niñas”. “Y se establece una serie de perfiles nutricionales según los cuales unos productos son más perjudiciales y otros menos y, por lo tanto, se actúa sobre ellos de manera diferente”, adelantó, para aseverar que “por encima del 80% de la población, según las encuestas, está de acuerdo con esta medida”.

“Parece que sería algo relativamente sencillo -de implementar-, porque tienes a la población civil de acuerdo y a la ciencia respaldándote, pero el problema es el poder, la política y paradigmas distintos”, reiteró, para defender que existe un paradigma “que considera que la alimentación es una mercancía única y exclusivamente y su enfoque está simplemente regido por la maximización de beneficios, con independencia de las consecuencias sociales, políticas, ecológicas que pudiera tener ese consumo”.

Frente a él, se sitúan, a su entender, otro tipo de “enfoques más razonables, que se guían por la evidencia científica y teniendo en cuenta sus efectos en la salud humana y del planeta”, que es en el que, dijo, Consumo “está situado” a pesar de las “resistencias que son irracionales desde el punto de vista científico”.

ESTUDIO

Por lo que se refiere al estudio de Esade, Garzón defendió que se trata de una investigación “muy rigurosa y que proporciona información muy importante” y recordó que, a su llegada al Ministerio de Consumo, puso en marcha “una serie de mecanismos para entender bien cuál era el alcance del problema” de la obesidad en España, entre los que, además de la fiscalidad, también citó la “recuperación” del Informe Aladino, según el cual el 40% de niños de entre seis y nueve años en España tiene sobrepeso u obesidad y su tasa es del doble entre las familias “más vulnerables, más pobres y con menos recursos”.

Tras tildar de “claramente muy graves” dichos datos y consciente de que la obesidad es un “problema multidimensional que tiene varios vectores”, el ministro adelantó que está “preparándose” el próximo Informe Aladino, que se publicará en 2023 y será “el primero que va a recoger datos de después de la pandemia”.

En este punto, juzgó “muy razonable” la “hipótesis” de que la crisis “ha empeorado los datos”. “Porque, al final, la gente encerrada en casa hacía menos ejercicio y tiraba de ciertas inercias y, por lo tanto, podemos tener ahí datos aún peores en ese sentido”, sentenció, convencido de que “muchas veces la gente no sabe cuáles son los efectos reales sobre su propia salud del consumo que realiza”.

Otro de esos “vectores” es, a su entender, la fiscalidad y, en este punto, defendió que la subida del IVA sobre las bebidas azucaradas fue el resultado de “un barrido de toda la literatura y toda la evidencia científica que permitía visualizar cuál era la medida más apropiada” a adoptar, convencido de que el resultado de su implementación es “coherente y consistente” con dicha evidencia.

“Aparentemente, la formulación es muy sencilla y, por lo general, la población suele estar bastante de acuerdo con esa idea, al mismo nivel que cuando el médico te hace una recomendación, pero el problema es la implementación, la negociación y el diseño efectivo y particular de la medida”, admitió, para insistir en que es “ahí donde interviene el poder y la política” y donde su departamento se encontró con “algunos problemas” para llevar adelante su “ambiciosa propuesta”.

En esta línea, recordó que el proyecto inicial “incorporaba no sólo las bebidas azucaradas tipo refrescos, sino también los lácteos que incorporaban azúcares añadidos”, si bien en la tramitación parlamentaria, "los grupos de presión incorporaron algunas enmiendas que permitieron excluir los lácteos y a los azúcares añadidos de los lácteos de manera que solo quedaron los refrescos”.

“Por suerte, aguantamos la posibilidad de que fueran tanto azúcares como edulcorantes los que estuvieran incorporados en ese paquete, pero detrás había una presión también muy fuerte por parte de los grupos de presión que, legítimamente, defienden sus intereses, pero que responden a otro criterio que no es el científico ni el de salud pública, sino el criterio contable de maximización de beneficios”, puntualizó, para advertir de la necesidad de “hilar fino, tener un respaldo suficiente y hacer evaluación y seguimiento” de la implementación de medidas de este tipo para "ir viendo si, efectivamente, lo que era una intuición, aunque fuera respaldada por la evidencia científica, se está cumpliendo”.